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Por unanimidad, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en su cuarto y último debate, el proyecto de ley que busca visibilizar, prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer en Colombia, con miras a las elecciones regionales que se desarrollarán en octubre de este año.
El proyecto es de la autoría de las senadoras María José Pizarro, Nadia Blel y Piedad Córdoba, y dará a las aspirantes, candidatas y funcionarias que ejerzan en todos los cargos de elección popular, más garantías en su ejercicio al crearse medidas que promuevan el derecho a una vida libre de violencia.
También plantea una hoja de ruta para atender y resolver las denuncias de estos actos, además de generar la restitución de los derechos perdidos y sancionar conductas que atenten contra ellas.
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En ese sentido, se consagra la categoría de la violencia política contra las mujeres, definiéndose como toda acción, conducta u omisión realizada en el ámbito público o privado, que basada en elementos de género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres o a sus familias.
Dentro del proyecto que pasará a conciliación y posteriormente a sanción presidencial para convertirse en ley de la República, también se encuentra el diseño de mecanismos para recopilar casos y denuncias, la formulación de estrategias de prevención y mitigación de riesgos de violencia, la promoción de liderazgos políticos de mujeres, el fortalecimiento de los mecanismos de observación y el acompañamiento en los procesos electorales con perspectiva de género.
Asimismo, se plantea que las autoridades electorales, órganos de control, los partidos y movimientos políticos actúen para prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres en política a través de rutas y protocolos oportunos.
Igualmente, las corporaciones públicas garanticen canales de atención para todas las mujeres en ejercicio o goce de sus derechos políticos.
La representante Katherine Juvinao, quien fue ponente del proyecto en la plenaria de la Cámara, dijo que “se está cambiando la historia. No tuvimos ni un voto en contra del proyecto y contamos con el apoyo de nuestros colegas congresistas hombres para impulsarlo de manera multipartidista. Haremos de la política un espacio seguro para las lideresas, futuras candidatas, funcionarias electas y todas las mujeres que vendrán a ejercer su derecho a la participación política”.
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De acuerdo con Naciones Unidas (ONU), este tipo de violencia ha venido incremento directamente proporcional a la participación de mujeres a cargos de elección popular.
Entre tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) registra en su última encuesta que el 83% de las mujeres candidatas a las elecciones legislativas del 2022 afirmó que había sido víctima de estas agresiones.
De las 516 vulneraciones registradas en los primeros 11 meses del calendario preelectoral, (13 marzo 2021- 13 febrero 2022), 137 de ellas (el 26.6%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales, y casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.
