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La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que prohíbe que los familiares de los alcaldes y gobernadores en ejercicio sean candidatos al Congreso de la República, denominada como ‘ley anti-clanes políticos’.
El proyecto, presentado por los congresistas Alejandro Chacón y Alfredo Deluque, tiene como propósito evitar la concentración del poder político en manos de una misma familia y cerrar el paso al uso del poder territorial para favorecer campañas.
Según la propuesta, si durante el mandato de un alcalde o gobernador su cónyuge, compañero o compañera permanente, o un pariente dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil se inscribe o resulta elegido como congresista, el mandatario territorial debe renunciar a su cargo para evitar una incompatibilidad sobreviniente.
El proyecto, aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado, busca proteger la independencia entre los niveles de poder, evitar conflictos de interés y reforzar los principios constitucionales de moralidad administrativa, transparencia y equilibrio institucional.
“Esta ley busca impedir el nepotismo electoral y la captura familiar del Estado. No se trata de limitar derechos políticos, sino de garantizar que el poder público no se herede ni se use en beneficio propio”, afirmó el senador Alejandro Chacón.
La propuesta legislativa fue firmada por cerca de 60 senadores y representantes de distintos partidos, lo que refleja el respaldo mayoritario que tiene la iniciativa.
La misma comenzó a avanzar en momentos en que se conoce que algunos familiares de diferentes dirigentes regionales, hoy hacen parte de las listas al Congreso del Pacto Histórico, como es el caso de la esposa del alcalde de Barrancabermeja y de la hermana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.
Pero no solo eso, también es sabido que familias tradicionales como los Char y los Gnneco en la Costa Caribe, o los Aguilar en Santander, entre otras, tienen el suficiente poder electoral para poner sus fichas no solo en cargos regionales, sino también en el Congreso de la República.
Tras su aprobación en primer debate, el proyecto pasa ahora a la plenaria del Senado, en donde buscará consolidar el respaldo necesario para avanzar en su trámite legislativo.
Esta medida no aplicaría en doble vía, es decir, los familiares de los congresistas no tendrían ninguna inhabilidad para aspirar en las elecciones regionales, puesto que los parlamentarios no son funcionarios que manejan recursos públicos.
