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En una carta de dos páginas enviada al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez Maldonado cuestiona que desde el Gobierno se esté adelantando todo el trámite para regular el aborto en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006”.
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En la misiva, el otrora exprocurador General cuestiona que el Gobierno esté adelantando este tipo de trámites puesto que en su concepto desconoce las funciones del Congreso de la República. “En Colombia no existe el derecho a matar, y mucho menos, a los inocentes que están por nacer".
En este punto indica que el deber del Gobierno es proteger la vida de todos los habitantes, mostrando su evidente molestia por la posición del Gobierno para emitir una regulación única para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los tres casos que evaluó el alto tribunal hace trece años.
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Para Ordóñez, el Gobierno está avalando el "derecho a matar", situación que va en contravía de la Carta Política. “No es aceptable que lo que por esencia es un delito que protege al ‘nasciturus’, ahora sea enmascarado artificiosamente en un derecho llamado IVE”.
“En nuestro país la Constitución reconoce la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, se señala en otro de los apartes de la carta. Ordóñez considera que el Gobierno en cabeza del Ministro de Salud debe abstenerse de firmar la mencionada resolución y entregarle esta responsabilidad al Congreso.
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De no hacerlo -le advierte- se presentará un reproche individual por parte de la comunidad. Igualmente le indica que se podría presentar una acción de nulidad en contra de la resolución firmada ante "la jurisdicción contenciosa administrativa".
El pasado miércoles, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe le envió una carta a la Corte Constitucional para solicitarle más tiempo para realizar el trámite de regulación en estos tres casos: cuando existe riesgo para la vida de la madre, cuando el feto presente malformaciones o cuando el embarazo sea producto de un acceso carnal abusivo o violento.
