Zona Franca de Occidente advierte riesgo por fallo del Consejo de Estado

Preocupada se declaró la gerente General de Zona Franca de Occidente, Rosa María Gamarra, tras el fallo de segunda instancia que dará el Consejo de Estado, frente a la acción popular presentada por el establecimiento de las zonas francas, en el municipio de Mosquera (Cundinamarca).

Según dijo la vocera a RCN Radio, de darse un fallo a favor de esta acción popular, se verían afectadas las multimillonarias inversiones que hay en este lugar además de los empleos.

“Actualmente tenemos más de 100 empresas que han invertido en este parque industrial y se verían gravemente afectados, igualmente se verían afectados más de 7.350 empleos directos e indirectos que hoy se generan”, sostuvo.

De la misma manera, la Gerente de Zona Franca, recordó que “la Agencia Nacional de Defensa Jurídica intervino en este proceso y consideró que las conductas de esta zona no violan los derechos, y que todo se dio en el más estricto cumplimiento a los estrictos de legalidad”.

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“En Zona Franca de Occidente nos preocupa el proceso que inició hace más de 10 años, tras una acción popular puesta por Felipe Zuleta, en la que solicita el cambio del uso del suelo, la falta de experiencia de los solicitantes y la no existencia de una sociedad”, Agregó Gamarra.

Precisó que “el cambio del uso del suelo se modificó en febrero del año 2000, Zona Franca de Occidente aportaba a su socio mayoritario, que era zona franca Bogotá, con una larga experiencia en el sector”.

Según la Gerente de Zona Franca, actualmente las inversiones en este lugar superan los 606.000 millones de pesos.

Es de mencionar que la acción judicial presentada hace más de 10 años, señala que hubo una violación a los derechos colectivos a la moralidad pública con la autorización, conformación y operación de la Zona Franca de Occidente.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo deberá definir si en efecto se presentaron irregularidades o fallas en la entrega de los terrenos en el casco urbano de Mosquera a una empresa, cuyos representantes eran los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno.

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La acción popular fue radicada en 2011 contra los Ministerio de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El caso llegó al Consejo de Estado, luego que en septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazara las pretensiones de la acción popular promovida por el abogado Felipe Zuleta Lleras.