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La situación de orden público en Colombia sigue deteriorándose con una serie de hechos violentos registrados en distintas regiones del país. En la más reciente jornada, se han reportado ataques con explosivos, enfrentamientos armados y amenazas que han obligado a comunidades a desplazarse, mientras autoridades y gremios económicos alertan sobre las graves consecuencias de esta crisis.
En Barrancabermeja, Santander, se detonaron artefactos explosivos de baja intensidad que, según versiones preliminares, estaban dentro de cajas de cartón junto a panfletos atribuidos al ELN. Mientras tanto, en Maicao, La Guajira, un puesto de Policía fue atacado con explosivos en la noche del martes. Las autoridades investigan la autoria de este hecho.
La violencia también golpea con fuerza al Catatumbo, donde los enfrentamientos entre el ELN y el Ejército han obligado a 13 familias a abandonar el corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen. En Rio de Oro, Cesar, las autoridades lograron desactivar varios artefactos explosivos ubicados en un camino utilizado por niños para llegar a la escuela. Se trataba de cilindros bomba con metralla y un sistema de ignición inalámbrico.
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En el Magdalena Medio antioqueño, el Clan del Golfo habría ordenado cerrar el comercio durante el sepelio de alias "Terror". Ante la preocupante situación de seguridad en la región, el gobernador de Antioquia convocó a una reunión con mandatarios departamentales para discutir posibles soluciones.
Por otro lado, en Mesetas, Meta, firmantes de paz que han sido desplazados por amenazas piden al Gobierno Nacional ser reubicados en condiciones seguras. La incertidumbre también afecta al sector transportador, que reporta pérdidas diarias superiores a los 800 millones de pesos debido a bloqueos y alteraciones del orden público en la vía Panamericana, afectando a Risaralda, Chocó y Antioquia.
En Dosquebradas, Risaralda, un policía resultó herido en una asonada cuando un grupo de jóvenes atacó con piedras a los uniformados durante un operativo. Entre tanto, la Fiscalía investiga la existencia de las llamadas "escuelas de formación" en el Valle del Cauca, donde bandas criminales y grupos armados estarían reclutando niños y adolescentes, siendo Jamundí el municipio con mayor alerta.
Finalmente, en el departamento del Cauca crece la inconformidad de los alcaldes, quienes denuncian la falta de atención del Gobierno Nacional ante la crisis de seguridad y la no implementación del ‘Plan Cauca’, anunciado hace más de un año.
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Las autoridades y la población siguen en alerta ante el recrudecimiento de la violencia, mientras el Gobierno enfrenta crecientes presiones para tomar medidas urgentes que garanticen la seguridad en las regiones afectadas.
