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Los caminos jurídicos para el general en retiro Rodolfo Palomino se agotan. Mientras busca su libertad a través de una tutela, pese a que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a más de siete años de prisión, el Consejo de Estado rechazó revocar las sanciones de la Procuraduría en su contra.
El Ministerio Público se ha pronunciado al menos tres veces sobre el exdirector de la Policía del expresidente Juan Manuel Santos. La primera, en enero de 2021, cuando lo inhabilitó por trece años por tratar de torcer un proceso disciplinario en su contra en la institución.
Palomino les ordenó al mayor John Santos Quintero y los coroneles Ciro Carvajal y Flavio Mesa reunirse con el entonces teniente coronel Reinaldo Gómez, quien había elaborado un oficio con aparentes actos irregulares del general. El ex alto oficial quería que Gómez se retractara.
Gómez narró en mayo de 2015 una persecución laboral en su contra por las supuestas "pretensiones amorosas y sexuales" de Palomino. Según su relato, el exdirector cayó en un "ejercicio indebido del control disciplinario" y en "situaciones administrativas presuntamente irregulares".
El 5 de mayo presentó el documento con sus acusaciones. Tres días después, John Quintero, Ciro Carvajal y Reinaldo Gómez lo buscaron. El exprocurador Alejandro Ordóñez abrió una investigación en octubre, y en noviembre de 2018 Fernando Carrillo absolvió a Palomino.
Quintero era jefe de la oficina jurídica de la Policía, Carvajal era secretario general y Mesa, comandante en Cundinamarca. Los tres adelantaron varias "reuniones ilegítimas" —como las reseñó la Procuraduría— con Gómez, quien finalmente presentó un oficio de retractación.
Rodolfo Palomino actuó como juez y parte en el proceso interno de la Policía, y recibió la rectificación "sin que esa situación, a todas luces irregular, le produjera ningún recato a tan alto servidor", de acuerdo con el Ministerio Público, que lo destituyó e inhabilitó.
El general en retiro pidió revocar el fallo que lo penalizó. Primero presentó una reposición que la Procuraduría negó en diciembre de 2022. Luego, una reposición contra la reposición, que el ente de control desestimó por impertinente en enero de 2023, dejando en firme la sanción.
La ofensiva de Rodolfo Palomino contra las sanciones de la Procuraduría
La maraña de tecnicismos legales se ha extendido hasta este año. El Consejo de Estado se pronunció en agosto, y su postura se formalizó este martes, 9 de diciembre, de acuerdo con una comunicación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que La FM conoció en primicia.
Palomino aspiraba a anular las tres decisiones de la Procuraduría —el fallo, su confirmación y la ratificación—, y el Tribunal no lo ha permitido. Parte de su estrategia buscaba suspenderlas, lo que la autoridad judicial rechazó de tajo en noviembre de 2024.
El santandereano alegó que los cambios de procurador general y de Código Disciplinario significaban que la Procuraduría debía revisar todo el proceso en su contra. El Tribunal de Cundinamarca lo rebatió tanto en 2024 como en junio de este año.
La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Carlos Buitrago, calificó como "inepta" la demanda de Palomino, quien aseguraba que, como primero Ordóñez lo absolvió y luego Carrillo lo sancionó, debía beneficiarse con la figura de la "doble conformidad".
En el derecho, la doble conformidad es un principio que indica que alguien castigado en una segunda instancia merece una especie de tercer pronunciamiento que ratifique la condena posterior o la absolución inicial. En Colombia, por varios años el concepto no existía.
Sobre todo, no existía en el derecho disciplinario, por el que los fallos de la Procuraduría eran de única instancia. Todo cambió con la sentencia del caso Petro vs. Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó al país actualizar el Código Disciplinario.
El nuevo código entró en vigencia en 2019 y tuvo cambios en 2022. La normativa incorporó la doble conformidad y la necesaria diferenciación entre los funcionarios que investigan y los que sancionan. Antes el procurador general podía investigar y sancionar, ahora no.
La condena contra Palomino y las derrotas jurídicas
Palomino le dijo a la justicia que todas esas manifestaciones implicaban una revisión para el caso en su contra. Aunque el proceso sigue adelante respecto a la sanción de 2021, ya el Tribunal zanjó su discusión acerca de las reafirmaciones de 2022 y 2023.
O sea, los actos administrativos que resolvieron las reposiciones no son "susceptibles de control judicial", sostuvo el Tribunal en un auto de siete páginas en junio. En otro auto, de diez páginas, el Consejo de Estado también se desmarcó de las solicitudes del exoficial.
"No puede afirmarse de manera preliminar que la sanción impuesta al señor Rodolfo Palomino López haya desconocido la garantía de la doble conformidad ni el principio de favorabilidad", subrayó la Sección Segunda del Consejo, con ponencia del magistrado Jorge Portocarrero.
El expediente se ha movido entre el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado, sin que el general retirado haya recibido algún punto a su favor. El Tribunal refutó en agosto una reposición contra la determinación de declarar inepta parte de la nulidad, y la defensa de Palomino apeló.
Ahí va el enrevesado proceso. Por lo pronto, la sanción de la Procuraduría sigue firme. La FM conoció el auto del magistrado Carlos Buitrago que en una página cumple "lo resuelto por el honorable Consejo de Estado", que "negó la solicitud de suspensión provisional".
Todo se ha debatido mientras la Corte Suprema de Justicia condenó a Rodolfo Palomino a más de siete años de prisión por tráfico de influencias. El general en retiro se entregó a las autoridades el 24 de noviembre para cumplir su sentencia, y luego presentó una tutela para quedar libre.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema aún revisa la tutela. El magistrado Jorge Caldas, ponente de la condena en la Sala de Primera Instancia, les pidió a sus colegas de la Agraria y Rural declarar improcedente el recurso, pues aún existen mecanismos ordinarios para deliberar.
El 4 de diciembre, seis meses después de declarar culpable a Palomino, la Corte leyó su sentencia condenatoria. En 2014, el entonces director de la Policía presionó a una fiscal para que suspendiera una orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, acusado por sus vínculos con el paramilitarismo.
