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Hay preocupación en los municipios de La Esperanza en Norte de Santander y San Alberto en el Cesar por la llegada de miembros de las disidencias del frente 33 de las Farc, quienes pretenden extenderse desde el Catatumbo hasta la zona alta de los dos municipios, en límites con el departamento de Santander.
Las autoridades en la zona han hecho un llamado de atención debido a que puede presentarse la vulneración de derechos para las comunidades, especialmente para niñas, niños y adolescentes, ante la posibilidad que pueda presentarse casos de reclutamiento forzado.
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Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana e insta a los gobiernos nacional y departamentales a apoyar con urgencia a las dos administraciones locales, con el fin de que sea fortalecida su capacidad de respuesta y evitar brotes de violencia en la región.
“Debido a la pretensión del Frente 33, disidente de las Farc, de expandirse desde la subregión Catatumbo hasta la zona alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), sus habitantes están corriendo riesgos, uno de ellos es que puedan presentarse casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, razones por las que la Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2024.”; manifestó el defensor del pueblo Julio Luis Balanta Mina.
Igualmente, el funcionario del ministerio público indicó que por la presencia de los bloques Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes, también de las disidencias de las Farc, los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que habitan en la parte superior de los dos municipios, en el corregimiento Planes, de La Esperanza, y los corregimientos Trinidad y Fundación, de San Alberto se puede ver afectada.
La Defensoría requiere que las entidades del nivel nacional y departamental apoyen a las dos administraciones municipales, con carácter urgente, para que sea fortalecida su capacidad de respuesta.
“Mitigar, prevenir y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, que una vez más padece los efectos del conflicto armado, es el llamado de la entidad. Es preciso impulsar acciones reales de prevención, protección y atención integral, a fin de que no sean materializadas las conductas vulneradoras de derechos por delitos como homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, instalación de minas antipersonal, confinamientos, desapariciones, hurtos y uso, utilización y reclutamiento forzado”; agregó el funcionario nacional.
Asimismo, la Defensoría tiene información sobre dos jóvenes que hacían parte de un grupo alzado en armas, donde uno de ellos huyó y en la actualidad es buscado por la estructura ilegal en cercanías del municipio.
Además de la difícil situación que atraviesan los municipios de La Esperanza y San Alberto en la zona alta, en la parte plana hay presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organización al margen de la ley que fortalece con armas a su Bloque Arístides Meza Páez y Frente Edgar Madrid Benjumea, cuya ala militar está en el sur del departamento de Bolívar.
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Finalmente, son 20 recomendaciones las formuladas por la Defensoría del Pueblo a través de su Alerta Temprana de Inminencia 021 de 2024, bajo un enfoque de seguridad humana, donde aseguran que es obligación del Estado cumplir con lo consignado en la constitución política y en los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
