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El coronel (r) del Ejército, Germán Eduardo Ayala Amaya y la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar reconocieron haber exigido el pago de un millonario soborno con el fin de entorpecer un proceso de restitución de tierras en eldepartamento del Meta.
La petición de dádivas le fue hecha a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras con el único fin de afectar el proceso administrativo que se realizaba.
En el proceso se determinó que intentaron evitar que la Finca Zimara, ubicada en el municipio de Cabuyaro (Meta), con un área de 2.844 hectáreas, fuera entregada a un reclamante de víctimas del conflicto armado, y quedara en manos de un tercero.
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Ayala Amaya, quien trabajaba como asesor del Ministerio de Agricultura reconoció su responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias de servidor público.
Debido a esto, el juzgado primero del circuito de Villavicencio (Meta) lo condenó a 35 meses de prisión, el pago 99.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente se le impuso una inhabilidad de dos años y diez meses para ejercer cargos públicos.
Por su parte, la abogada fue sentenciada a 25 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias en servidor público, multa de 41.32 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para ocupar cargos públicos durante 40 meses.
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Los dos sentenciados emitieron un comunicado en el que ofrecen perdón público a la comunidad, el Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras.
Desde diciembre de 2018, los dos procesados se encuentran privado de su libertad en centro carcelario.
