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La Procuraduría General formuló pliego de cargos en contra de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa, por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses al aprobar el documento Conpes 3817 que le dio vía libre a la adición del contrato para la construcción de la vía de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol II.
En la diligencia judicial, que se realizó sin la presencia de las dos exministras, el delegado del Ministerio Público indicó que tanto Parody como Álvarez sabían que la aprobación de este documento beneficiaba directamente los negocios que tenía en la zona la familia de la ex ministra de Educación.
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Pese a esto no se declararon impedidas para participar en el consejo de ministros celebrado el 2 de octubre de 2014 en el que se aprobó dicho documento, por lo que habrían incurrido en una falta disciplinaria.
En el pliego de cargos se citó que los familiares de la exministra Parody tenían proyectos portuarios en el municipio de Gamarra (Cesar), por lo que se podrían ver beneficiados directa y ampliamente de los alcances de dicho proyecto vial.
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Considera el Ministerio Público que debido a sus estudios y preparación académica, tanto Álvarez-Correa como Parody sabían que debían poner en manifiesto la situación mediante un impedimento para que fuera discutido en dicho consejo, lo cual no sucedió.
"Los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en la que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público", precisó el delegado del órgano de control disciplinario.
Igualmente se reprochó el no haber puesto objeciones frene a la suscripción de la Resolución 2127 del 22 de julio del 2014 por medio de la cual se ordenó la creación de dos peajes en la ruta Ocaña-Gamarra, con el aumento de las respectivas tarifas.
Con la presentación de estos cargos, se inició formalmente el proceso disciplinario contra las dos exministras. La Fiscalía General archivó la investigación penal por estos mismos hechos al considerar que no existían pruebas fehacientes.
