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La Procuraduría envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una recomendación para ahondar en los casos de mujeres dentro de las filas de la extinta guerrilla de las Farc que fueron víctimas de abortos obligados, planificación forzada, prostitución y esclavitud sexual y casos de violencia sexual contra civiles
Para la Procuraduría es fundamental que dentro del macrocaso que investiga la situación del Urabá, la JEP escuche el testimonio de esas mujeres en su condición de víctimas, sobre todo quienes hicieron parte del bloque 57 de esa guerrilla.
“Violencia sexual cometidos por guerrilleros del Frente 57 de las Farc-EP, cuyas víctimas eran mujeres de comunidades indígenas (…) casos de violación, acoso y actos sexuales como también casos de planificación forzada y limitación a la libertad sexual y reproductiva contra las mujeres de la guerrilla por medio de abortos forzados y práctica de legrados, los cuales deben considerarse también como otras formas de violencia sexual, pues son conductas que se cometieron de manera reiterativa y sistemática”, se lee en el documento de la Procuraduría.
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Mas adelante la Procuraduría añade que, “dentro de esta conducta de violencia sexual y de género ha quedado mucha temática sin abarcarse, como en efecto se advierte con respecto a las relaciones que guerrilleras mantuvieron sin su consentimiento con comandantes, las orientaciones sentimentales en la organización, violencia sexual, persecución y discriminación con sectores del LGBT, entre otros”.
La Procuraduría dijo que esa guerrilla se valió del “homicidios selectivos y múltiples” como una estrategia de poder para controlar los territorios donde se asentaban.
“La responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera”, señaló la Procuraduría en el documento enviado a la JEP.
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La Procuraduría también le pidió a la JEP responsabilizar a la extinta guerrilla de las Farc por delitos ambientales cometidos entre 1998 y el año 2000.
En julio, la Procuraduría pidió a la JEP abrir cuatro nuevos macrocasos de investigaciones en temas de desaparición y desplazamiento forzado, violencia sexual y métodos de guerra ilícitos.
La petición se dio en el marco de una solicitud que hicieron grupos de organizaciones víctimas para quienes era necesario ahondar en ese tipo de casos de violencia derivados del conflicto armado y así juzgar los hechos.
Sobre hechos de desaparición forzada, la Procuraduría identificó más de 80.000 víctimas, en los casos violencia sexual se reportan más de 2.000 víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados”.
Mientras que por desplazamiento forzado la Procuraduría habla de un universo de más de siete millones de personas que se vieron obligadas a dejar su vivienda a raíz del conflicto.
Sobre métodos y medios de guerra ilícitos, la Procuraduría habló sobre “actos de terrorismo, el uso de minas antipersonal y sensibles daños medioambientales, ocasionando enorme sufrimiento a las víctimas del conflicto armado”.
