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Un juez de control de garantías de Bogotá abrió un nuevo incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro para que cumpla la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó en segunda instancia la orden para que el jefe de Estado se retracte de las declaraciones que hizo contra el fiscal Mario Andrés Burgos.
El fiscal Mario Burgos es conocido por haber llevado el proceso penal contra su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego se haber sido señalado de recibir supuestos dineros de procedencia ilícita.
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Con la decisión del juez, el jefe de Estado deberá retractarse por haber calificado al fiscal Burgos Patiño de "subordinado de la Mafia" y “narcofiscal”, además de vincularlo con el narcotraficante Sebastián Marset, en medio de unas declaraciones sobre la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
Sumado a esto, la Fiscalía General de la Nación desmintió las afirmaciones del mandatario y confirmó que que Mario Burgos no tenía investigaciones abiertas por narcotráfico.
Cabe mencionar que el pasado 16 de octubre el presidente Petro se retractó de esas acusaciones, pero de acuerdo con el juzgado, no lo hizo bajo las condiciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sebastián Rondón, abogado del fiscal Mario Burgos, consideró que las declaraciones del mandatario no se ajustaron a la orden del tribunal.
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En su momento, la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señalaba que "no puede perderse de vista que las afirmaciones del Presidente de la República, en virtud de las cuales se produce la alegada afectación de derechos fundamentales, se dan en el marco del ejercicio de funciones de una autoridad judicial, como lo es el Fiscal Burgos Patiño, tanto por sus actuaciones al interior de la investigación por el homicidio del Fiscal paraguayo Marcelo Pecci, como por aquellas dentro de la investigación adelantada contra su hijo, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de lo cual se podría llegar a inferir una injerencia o presión lesiva sobre la independencia judicial".
