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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 2468 del 2 de julio de 2025, que modificó la Ley 549 de 1999 sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y el cubrimiento del pasivo pensional de las entidades territoriales.
En un documento de 50 páginas, el jefe de la cartera explicó que la norma “afecta las finanzas de la Nación y de las entidades territoriales, la sostenibilidad del Fondo como parte del sistema de seguridad social, no contempla ninguna transición, prohíbe el pago de nómina de pensionados durante el segundo semestre y deja sin recursos suficientes para financiar la administración del Fonpet”.
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Ávila detalló que la ley vulneraría siete artículos de la Constitución y cuatro normas orgánicas. En su criterio, durante el trámite legislativo “se desconoció el principio de especialidad del trámite en las comisiones constitucionales permanentes”, ya que el primer debate debió darse en las comisiones séptimas y no en las terceras.
El ministro advirtió que el Congreso no debatió el concepto no favorable de impacto fiscal emitido por el Gobierno, pese a que “los congresistas están obligados a incluir en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite los costos fiscales de sus iniciativas y las posibles fuentes para su financiamiento”.
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También señaló que varios artículos de la ley “desconocen la sostenibilidad fiscal de la Nación y de las entidades territoriales” al permitir, entre otras medidas, el retiro de excedentes del Fonpet y la reorientación de aportes para gastos de inversión en el periodo 2025-2027.
Según el ministro, esto “repercutirá en el rápido desfinanciamiento del Fondo tendiente a su extinción, lo que implica el desconocimiento de su objetivo principal, que no es otro que la financiación del pasivo pensional”.
En cuanto al impacto presupuestal, Ávila afirmó que la norma anticipa para antes del 31 de diciembre de 2026 el pago de $6,57 billones de la Nación al Fondo, lo que afectaría el Presupuesto General y los plazos previamente acordados.
Para distritos y municipios, la nueva obligación de aportar el 10% de sus ingresos corrientes de libre destinación representaría “gastos adicionales de aproximadamente $3,6 billones al año, y si se aplica retroactividad desde 2006, cerca de $49,3 billones”.
El funcionario agregó que la reducción del límite de gastos de administración del Fonpet del 8% al 1% de sus rendimientos “resulta insuficiente para cubrir las comisiones de las administradoras, los costos tecnológicos, el sistema de información y demás gastos del Fondo”, lo que pondría en riesgo su operación.
