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La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó una nueva audiencia de imputación contra los magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio (Meta), Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, implicados en casos de corrupción.
Esa entidad precisó que gracias a nuevo material probatorio recopilado, pudieron documentarse más de 20 decisiones contrarias a la ley, emitidas por los citados magistrados.
“Las actuaciones de los funcionarios judiciales habrían favorecido a integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de armas y de estupefacientes y a personas condenadas por homicidio, extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, entre otros delitos” informó la Fiscalía.
La diligencia fue programada para el 13 de septiembre y se cumplirá en la sede del Tribunal Superior de Bogotá.
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La Fiscalía General de la Nación también está a la espera de que la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, reinicie el juicio que se sigue contra estos tres magistrados por los posibles delitos de cohecho, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concierto para delinquir, dentro de una investigación que inició en julio de 2017.
Desde 2017, los tres magistrados soportan la investigación penal por parte de la Fiscalía, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, señalados de supuestamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes.
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Por su parte, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, afirmaron a través de un comunicado que no es cierto que el 13 de septiembre la Fiscalía les vaya a imputar supuestos “actos de corrupción” y mucho menos que la Fiscalía haya recolectado nuevas pruebas.
Manifestaron que la audiencia obedece a que la Fiscalía considera que la postura mantenida por la Sala Penal del Tribunal sobre el otorgamiento de la prisión domiciliaria a través de las figuras de los preacuerdos o negociaciones, no resulta legalmente procedente y por ello la imputación es por el presunto delito de prevaricato.
