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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, compareció ante los ocho magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a su presidenta, en medio del escándalo que revela aperentes vinculos de agentes del Estado, con las disidencias de las Farc.
La funcionaria acudió a la cita en el tribunal, que busca conocer los avances que ese organismo ha alcanzado en más de un año, desde que está en su poder el expediente, que involucra al Ejército y a la inteligencia.
Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, encabezó el cónclave, que originalmente estaba agendado para el 3 de diciembre. Un viaje internacional de Camargo reprogramó el encuentro, que por su discreción se percibió como sorpresivo fuera del Palacio de Justicia.
En los pasillos de la Corte se describe la reunión como "de articulación institucional". Es decir, un espacio de diálogo entre la Fiscalía y la Corte, una conversación en calma y una rendición de cuentas casi protocolaria, sin lugar para tensiones dispares.
De fondo, hay versiones divididas. En una parte de la Sala se habla de cierta molestia con la demora de la Fiscalía en el caso y con la excusa que Camargo presentó para no asistir a la cita original hace una semana. En otro bloque hay serenidad.
Aunque el punto central era la posible relación entre Alexander Díaz, alias 'Calarcá' y funcionarios como el exjefe del Comando de Personal del Ejército, Juan Miguel Huertas, la magistratura escuchó datos sobre el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
¿Cómo va el caso de los archivos de 'Calarcá'?
El general Huertas está suspendido por orden de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación contra él y contra Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y representante del Gobierno en la Universidad de Antioquia.
El general fue, presuntamente, un aliado clave para las disidencias de 'Calarcá', que preveían un fracaso en sus diálogos con la administración de Gustavo Petro.
Según las pruebas que la Fiscalía custodia hace más de un año, habría sugerido fundar una agencia fachada de seguridad para movilizar armas y tropas fácilmente.
Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro reintegró al oficial a la fuerza pública en julio de este año para encabezar el Comando de Personal, el área castrense encargada de autorizar los movimientos y los nombramientos de oficiales, como un departamento de talento humano.
'Calarcá' y otros cabecillas se referían a Wilmar Mejía como 'el Chulo' y aparentemente compartían información constantemente. El director de la DNI, Jorge Lemus, ha afirmado que presume su inocencia. La Fiscalía y la Procuraduría investigan.
La Fiscalía anunció en noviembre nuevas líneas de investigación en el caso, luego de verificar que en los dispositivos que las autoridades les incautaron a 'Calarcá' y sus disidencias en 2024 existe información "de la mayor gravedad" que no había sido incluida en las pesquisas de los últimos dieciséis meses.
Ese organismo tiene el material desde que un retén militar interceptó una caravana en la que viajaban alias 'Calarcá'; Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro'; Juan Antonio Agudelo, alias 'Urías Perdomo', y otras personas, incluyendo a una menor de edad.
¿De qué habló la fiscal Luz Adriana Camargo con la Corte Suprema?
La Dijín de la Policía elaboró cinco informes forenses con la información extraída y los remitió a una fiscal especializada en Medellín, que según la Fiscalía, nunca informó a la Delegada contra la Criminalidad Organizada ni a la fiscal general.
Camargo “dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc”, señaló el ente investigador.
Lo cierto es que Luz Adriana Camargo no ofreció ninguna declaración. La reunión de este miércoles, aunque no es inédita —porque Camargo y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema han sostenido varias comunicaciones— sucedió a varias decisiones clave.
Otros temas que se tocaron en la reunión
Aunque el punto central era la posible relación entre Alexander Díaz, 'Calarcá', y funcionarios como el exjefe del Comando de Personal del Ejército Juan Miguel Huertas, la magistratura escuchó datos sobre el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Cabe mencionar que el pasado primero de diciembre, la Fiscalía imputó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su papel en el entramado de la UNGRD. Presuntamente, dieron órdenes para torcer contratos a favor de congresistas a cambio de que votaran por reformas del Gobierno.
Una semana después, ese organismo imputó al excanciller Álvaro Leyva por las resoluciones que firmó para desviar la licitación para elaborar los pasaportes. Leyva declaró desierto el proceso para evitar que Thomas Greg & Sons se quedara con él.
Camargo explicó los pormenores ante la presidenta Myriam Ávila y los magistrados Gerson Chaverra —expresidente de la Corte—, Carlos Roberto Solórzano, Hugo Quintero Bernate, Gerardo Barbosa, Fernando Bolaños, Diego Corredor, Jorge Hernán Díaz y José Joaquín Urbano.
