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La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de orden de captura ante un juez de control de garantías en contra de Ricardo Rafael González Castro, como coautor del homicidio del universitario de Los Andes Jaime Esteban Moreno, quien fue víctima de una golpiza durante la madrugada del 31 de octubre, al salir de una discoteca en Chapinero, en el nororiente de Bogotá.
Este joven fue captado en los videos de las cámaras de seguridad de la discoteca Before Club, en el que se le aprecia en el lugar con un disfraz y unas orejas de color negro.
Una vez las autoridades de policía judicial logren hacer efectiva su captura o se entregue a la justicia Ricardo González será presentado ante un juez de control de garantías para legalizar su detención, imputarle cargos por el delito de homicidio doloso agravado y solicitar que sea enviado a prisión.
Piden cárcel para Juan Carlos Suárez
De manera simultánea, la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de las víctimas pidieron enviar a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, quien fue judicializado por cargos de homicidio agravado, como coautor de la brutal golpiza.
El procurador delegado señaló que la Fiscalía logró demostrar con pruebas contundentes que Suárez Ortiz tenía una clara intención de acabar con la vida del universitario Jaime Esteban Moreno y no de causarle sólo unas lesiones.
Claudia Lucía Rodríguez, nueva fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, quien asumió el caso, en reemplazo de Heidy Milena Ruiz debido a los errores y falta de preparación que demostró en la audiencia de imputación, reveló tres testimonios clave y aportó otra serie de pruebas técnicas como videos de las cámaras de seguridad del sector que dejan en evidencia que el ataque fue premeditado por amenazas directas.
“Se tiene la evidencia videográfica y los testimonios recaudados que muestran cómo el ciudadano Juan Carlos Suárez Ortiz, disfrazado con el rostro pintado de color rojo, aprovechó el anonimato que le daba su apariencia para agredir de manera brutal a la víctima, propinándole golpes contundentes con pies y manos, aun cuando ésta nunca respondió la agresión ni ofreció resistencia alguna”, indicó la Fiscal del caso.
Además, según uno de los testigos, una de las mujeres que fueron detenidas en un primer momento acusó sin pruebas al joven Jaime Esteban Moreno de supuestos actos indebidos, y ello habría motivado a Suárez Ortiz, a cometer la brutal agresión con la “clara decisión de causarle la muerte”.
“Tenemos, como ya se ha dicho, que los hechos ocurrieron el 31 de octubre cuando la víctima, un joven universitario que departía con amigos en un establecimiento abierto público, fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, el señalamiento sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento”, relató la Fiscal.
Sin embargo, la Fiscal delegada fue enfática en señalar que además de no existir una sola evidencia de dicha actuación atribuida a la víctima, nada justificaba la extrema violencia con la que fue asesinado el universitario Jaime Esteban Moreno.
“Se advierte, señor juez, que el ataque no fue producto de una reacción momentánea ni de un impulso aislado”, dijo la funcionaria judicial.
Para el próximo miércoles 12 de octubre fue aplazada la audiencia en la que se definirá si es enviado a la cárcel Juan Carlos Suárez. La razón de la suspensión de la audiencia que estaba programada para este viernes a las 2 de la tarde se debió a que el juez 37 de control de garantías de Bogotá sufrió una fuerte caída y ello obligó a que recibiera asistencia médica.
¿Qué pasó con las dos mujeres involucradas?
Cabe señalar que las dos mujeres detenidas junto a Suárez Ortiz, identificadas como Bertha Parra y Paola Fernández, de origen venezolano, fueron dejadas en libertad, al no encontrarse elementos suficientes para imputarles cargos.
Una ejemplar condena
En atención a los graves hechos cometidos la Fiscalía advirtió que los responsables de este homicidio doloso agravado se podrían exponer a una condena que oscila entre los 40 y los 50 años de prisión.
