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En Yopal avanza el segundo día de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que tiene el propósito de escuchar a 21 militares, entre ellos un general retirado del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles, quienes reconocen ante las víctimas, la justicia y el país su responsabilidad por 296 'falsos positivos' cometidos en Casanare, Boyacá, Arauca y Meta.
Alexander González Almario, soldado profesional retirado que se desempeñó en el Gaula Militar del Casanare desde el 2001 hasta el 2007, reconoció que por el asesinato de campesinos y población civil, obtuvo permisos, medallas e, inclusive, fue enviado a la península del Sinaí.
González es responsable de reclutar por medio de engaños a personas inocentes que posteriormente eran asesinadas para presentarlas posteriormente como bajas en combate.
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"Reconozco públicamente que sus familiares no pertenecían a ningún grupo ilegal, que eran personas de bien, que eran humildes campesinos", confesó el soldado profesional en retiro.
Asimismo, reveló que durante la comisión de los delitos, "se quemaban los documentos de identidad, el que daba la orden era mi mayor Soto o en su defecto el que estuviera al mando de la operación. La orden era desaparecer los documentos para que no los identificaran. Esa era la forma para que pasaran como NN. Siempre se buscaba algún lado en donde había presencia de un grupo subversivo para hacer el montaje y hacerle creer a los entes judiciales que sí eran delincuentes, pero no lo eran".
El mayor Enrique Soto Bracamonte fue comandante del Gaula del Ejército de Casanare, entre 2006 y 2007, y está implicado en la búsqueda personas inocentes para la comisión de los falsos positivos.
"Aceptó que fui el directo responsable de varias personas a las que yo les accioné el arma y les quité la vida...Lo hice con pleno conocimiento y lo hice por ganarme un permiso de cinco días, ganarme unas condecoraciones y por salir al exterior", señaló el militar.
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González fue imputado por la JEP, como coautor en homicidio de persona protegida y desaparición forzado.
Por su parte, el cabo primero Gelver Pérez García, oriundo de Pajarito (Boyacá), y que estuvo agregado al Gaula Militar Casanare, aceptó que torturó a tres personas.
Describió que los amarró para posteriormente golpearlos con su fusil pues, según él, los retenidos trataron de quitarle su armamento. El suboficial además confesó que tras la tortura, las personas fueron asesinadas.
Hay que destacar que el militar dijo que nunca recibió órdenes de sus comandantes para la comisión de este delito
