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El Ejército informó que tomó medidas administrativas y disciplinarias contra varios uniformados, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en procesos contractuales y de infraestructura militar. De acuerdo con la institución, tres funcionarios fueron retirados del servicio y otros dos trasladados a diferentes unidades, mientras avanzan las investigaciones en curso.
“En aras de determinar la presunta responsabilidad de los militares vinculados a los hechos, se adelantan investigaciones disciplinarias que se encuentran en curso y gozan de reserva legal. Por estos mismos hechos, a la fecha fueron retirados de la institución tres funcionarios y dos más fueron trasladados a otras unidades militares, mientras concluyen las investigaciones correspondientes”, señaló el Ejército en el comunicado oficial.
La respuesta se dio tras una denuncia de SEMANA, en la que se mencionan posibles fallas en la planeación y ejecución de contratos millonarios, la utilización de figuras excepcionales de contratación como emergencias sanitarias, así como presuntas omisiones de altos mandos en el control y supervisión de obras.
Entre los casos expuestos se encuentran las obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, el mantenimiento y ampliación del aeródromo en La Guajira y proyectos de construcción en Tolemaida y Nariño.
Según informó la Institución, actualmente se adelantan al menos tres investigaciones disciplinarias relacionadas con estos hechos, una de ellas dirigida contra dos generales, señalados por una posible omisión en el cumplimiento de funciones asociadas al liderazgo, mando, control y seguimiento.
“Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Justicia Penal Militar y Policial, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación”, reseña el documento.
Las investigaciones se derivan, en parte, de las recomendaciones emitidas por la Inspección General del Ejército en el marco de la misión de trabajo 090 de 2024, relacionada con obras de saneamiento básico en la Base Militar de Bonaca, adscrita a la Escuela Militar de Cadetes. En dicho informe se advirtieron supuestas irregularidades administrativas que motivaron la apertura de procesos disciplinarios y la adopción de medidas preventivas contra el personal involucrado.
En relación con la declaratoria de emergencia sanitaria aplicada en este caso, el Ejército explicó que esta obedeció a una orden emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), mediante la cual se exigió mitigar en un plazo máximo de un mes el impacto ambiental generado por el vertimiento de aguas residuales en el predio Bonaca. La institución señaló que, para atender esta situación, se actuó conforme a la Ley 142 de 1994, sin vulnerar la normatividad de contratación pública.
“El Comando de Ingenieros no interviene en la elaboración de los pliegos de condiciones, los cuales son responsabilidad de las Centrales Administrativas y Contables (CENAC)”, aclaró el Ejército. Asimismo, indicó que el aeródromo de La Guajira se encuentra actualmente en operación con certificaciones de calidad y seguridad otorgadas por las autoridades aeronáuticas, tras labores de mantenimiento y ampliación realizadas entre 2022 y 2023.
Sobre proyectos ejecutados en Tolemaida y Chapalito, Nariño, el Ejército aseguró que las obras fueron finalizadas y se encuentran en funcionamiento. No obstante, reconoció que la Contraloría General de la República realizó un hallazgo por obras no previstas en la construcción de aulas en un batallón de entrenamiento, asunto que actualmente es objeto de investigación por parte de la CENAC de Ingenieros.
