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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinaron aceptar el sometimiento a ese tribunal de cuatro exintegrantes del Gaula Militar en el departamento del Tolima, implicados en el escándalo de los denominados 'falsos positivos'.
Los beneficios de justicia transicional fueron concedidos al mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo, al teniente (r) William Eduardo López Pico, al sargento primero (r) Carlos Arturo Malte Pérez y al soldado profesional (r) Duberney Lugo, antiguos miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula Militar Tolima), adscrito a la Sexta Brigada, por los casos de los 'falsos positivos’ cometidos entre 2006 y 2008.
Según las investigaciones, tres de los uniformados sometidos a la JEP estarían involucrados en al menos14 ejecuciones extrajudiciales.
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“En esa época, William López Pico, Carlos Malte Pérez y Duberney Lugo habrían presentado a, por lo menos, 14 personas como falsas bajas en combate. Estas operaciones ilegítimas se habrían ejecutado con el apoyo de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército Nacional (Rime) a la cual pertenecía José Wilson Camargo Arévalo”, señaló la JEP.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que encontró un modo de operar similar y coordinado con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y otras unidades de inteligencia del Ejército Nacional.
Los hechos por los cuales la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, aceptó el sometimiento de estos agentes de la fuerza pública ocurrieron entre el 5 de noviembre de 2006 y el 24 de mayo de 2008 en el Tolima.
Sin embargo, ese tribunal dejó en claro que los cuatro exintegrantes del Gaula deberán reajustar sus propuestas de aporte de verdad y reparación, ya que las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas.
También se estableció que estos uniformados contaron con el apoyo de funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los que se encontraba el detective Giovanny Calderón Salazar.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les exigió a los solicitantes que hagan un reajuste de las propuestas de aporte de verdad y reparación, pues las presentadas no satisfacen los derechos de las víctimas.
Las 14 víctimas de estos casos de ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas como Carlos Augusto Villanueva Arcila, Hernando de Jesús Pérez Patiño, Cristian Camilo Rojas Morales, Heliodoro Parada Urueña, Alexander Jaramillo Quitora, Armel Ramírez Lozano, y Jeison Méndez Zorro.
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Otras de las víctimas fueron identificadas como Rubén Fernando Sánchez Morales, Dorancé Enciso Molina, Marco Antonio Quiroga, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, Jesús Alirio Lloreda Machado, Alexander Jiménez Gallego y Luis Alfonso Jiménez Gallego.
Los magistrados detectaron que para dar apariencia de legalidad a estos operativos, los exmiembros del Gaula Militar Tolima alteraron la escena de los hechos; implantaron armas y material de intendencia en los cuerpos de las víctimas, quienes fueron reportadas como integrantes de grupos armados ilegales y en algunos casos, les ocultaron o destruyeron sus documentos de identificación.
Adicionalmente, estos agentes habrían presentado documentación operacional fraudulenta y habrían dado declaraciones falsas ante la Justicia Penal Militar con la finalidad de desviar las investigaciones por estos sucesos.
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Los investigadores evidenciaron que integrantes del Gaula Militar Tolima presuntamente usaron información de inteligencia aportada por la Regional de Inteligencia Militar del Ejército y el extinto DAS para capturar civiles y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que luego fueron asesinadas y presentadas como resultados de “operaciones antiextorsión”.
En el expediente de la JEP se advierte que las víctimas fueron contactadas bajo engaños o en el medio de presuntas “entregas controladas” de dinero en cobros de extorsiones, para luego ser llevadas a zonas rurales donde fueron asesinadas.
