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Cuatro exprocuradores generales defendieron las competencias de la Procuraduría y criticaron la aparente intromisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de la investigación que fue abierta en los últimos días contra funcionarios de la Registraduría, en el marco de unas visitas realizadas en marzo para revisar violaciones a la libre competencia en la contratación.
El exprocurador general, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que se está utilizando a la superintendencia para acosar a las entidades autónomas. Agregó que en el caso de Pegasus, quedó claro que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) rinde cuentas al presidente Petro.
“Me parece que hay un acoso no solamente de todas las superintendencias. En el episodio de Pegasus quedó claro que UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) le rinde cuentas al presidente de la república. La superintendencia se están usando para eso”, afirmó Gómez.
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Por su parte, el exprocurador Alejandro Ordóñez señaló que al presidente Gustavo Petro aparentemente no le gustan los organismos de control como la Procuraduría, pues resaltó que estaría utilizando entidades como la SuperIndustria para construir una policía política.
“No le gustan los controles pero sí se arroga competencias porque quieren construir y lo están logrando, una red de policía política del régimen para amedrantar a los funcionarios, para amedrantar a los ciudadanos, quieren eso y lo están logrando con la fiscalía y las superintendencias”, criticó.
Jaime Bernal Cuellar, exprocurador general, fue contundente al resaltar que el presidente Petro estaría usando la Superintendencia de Industria y Comercio para protegerse en algún sentido político y reafirmó que la competencias para investigar funcionarios públicos en materia disciplinaria es de la Procuraduría.
“Está utilizando la superintendencia para buscar sanciones para protegerse en determinado sentido. Para mí, la única competencia la tiene la Procuraduría General de la Nación”, resaltó el exfuncionario.
El exprocurador general, Edgardo Maya, cuestionó que estas entidades estuvieran siendo utilizadas para, aparentemente, deslegitimar las actuaciones de la Registraduría en materia de contratación para el proceso electoral del 2026.
“Están en la dirección de: yo hablé del régimen presidencial cumpliendo para teleológicamente o eventualmente comenzar a deslegitimar la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la contratación para el proceso electoral que se aviene en el 2026”, concluyó Maya.
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Los exfuncionarios concluyeron que la Procuraduría es la única entidad que tiene las competencias para adelantar ese tipo de investigaciones, por lo que pidieron respeto por la independencia de los organismos de control.
