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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años y dos meses de prisión al exgobernador del departamento de Arauca José Facundo Castillo Cisneros procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. Según la Corte, el exmandatario habría utilizado cotizaciones falsas de empresas que no coincidieron con el objeto de los contratos en 2013 cuando fue gobernador del departamento.
En concreto, a Facundo Cisneros se le señaló de haber suscrito contratos con una empresa para la dotación de mobiliario escolar para varios colegios públicos de Arauca, presentando estudios previos deficientes para estos contratos como análisis de costos y una correcta planeación, de allí que utilizó estas cotizaciones falsas para darle apariencia de legalidad a la contratación.
"El acusado estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual que se adelantaba sin el cumplimiento de sus requisitos legales; a tal punto que la delegación se evidencia como un ardid para eludir su responsabilidad en el actuar típico y antijuridico que sabía se configuraba con el cúmulo de irregularidades que presentaba la contratación, y no obstante ese conocimiento, en lugar de ajustar su comportamiento a derecho, voluntariamente optó por consumarlo con las consecuencias de que da cuenta la actuación", afirmó la Sala.
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Igualmente en desarrollo del proceso contractual, dice la Corte, "decidió fusionar en uno solo los tres proyectos inicialmente previstos individualmente, lo que violó el derecho a la libre concurrencia y restringió la posibilidad de participación de un mayor número de oferentes, pues difícilmente una persona natural o jurídica puede estar clasificada en tantas actividades a la vez".
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"Él sabía no satisfacía las exigencias legales sustanciales y que vulneraba, sin causa legalmente plausible, el bien jurídico de la administración pública" se lee en uno de los apartados del documento dado por la Corte Suprema de Justicia.
Entre tanto, este Tribunal también indicó que "en el trámite de la contratación se utilizaron cotizaciones falsas de empresas cuyas actividades económicas no coincidían con el objeto del contrato".
