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La Corte Suprema de Justicia adelanta un proceso por injuria y calumnia en contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, tras una denuncia que interpuso en su contra la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez. El proceso tiene origen en unos trinos en los que se le señala como responsable de la operación Orión llevada a cabo en Medellín en 2002.
Petro en una diligencia de versión libre ante el alto tribunal presentó una serie de pruebas que sustentarían sus afirmaciones contra la hoy vicepresidenta de la República, quien para la época de los hechos era ministra de Defensa.
Entre las pruebas que presentó Petro ante el magistrado Marco Antonio Rueda de la sala de primera instancia de la Corte se encuentran una serie de normas y decretos que fueron firmados durante el gobierno de Álvaro Uribe y que acreditan la realización de la operación el 16 y 20 de octubre de 2002 en 18 barrios de la comuna 13 San Javier de Medellín con el objetivo de “instaurar el orden y la convivencia pacífica”.
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“Decreto 1837 de 2002 del 11 de agosto de 2002, declara el Estado de conmoción interior de todo el territorio nacional, firmado por el Presidente de la Republica, Álvaro Uribe, y la ministra de Defensa, Martha Lucia Ramírez (...) Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002 Medidas para el control del orden público (...) Decreto 2001 del 3 de Septiembre de 2002, por el cual se modificó las competencias de los jueces Penales del circuito especializados”.
Lo que llama la atención de las pruebas que presentó el excandidato presidencial son una serie de entrevistas y fotografías de paramilitares que, según lo dicho por el exalcalde, daban órdenes a los miembros de la Fuerza Pública durante el desarrollo de ese operativo.
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“Entrevista alias Móvil 8 señaló que, en un convenio con el Estado, se presentaron como guías de la operación Orión, es decir que el Estado hizo una alianza con los paramilitares para poder realizar la operación”.
“Archivo visual, fotografías de Jesús Abad Colorado, quien estuvo presente durante la operación, y tomó la fotografía donde señala él, uno de los paramilitares daba órdenes a los militares”.
Petro también presentó una declaración de la ministra de defensa Martha Lucia Ramírez en el año 2002 en la cual da un balance positivo de la operación “cómo reposa en los archivos digitales de la página de la presidencia de la época”.
Además, Petro presentó copia una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Colombiano por desplazamientos, secuestros y homicidios que habrían ocurrido durante esa operación en el 2002.
“Myriam Eugenia Rúa y Luz Dari Ospina fueron amenazadas, hostigadas (...) fueron obligadas a desplazarse. Además, las señoras Mery del Socorro Naranjo, María del Socorro Mosquera y Ana Teresa Yarce fueron privadas arbitrariamente de su libertad. Tras una serie de denuncias del actual de paramilitares con la Fuerza Pública en la zona fue asesinada la señora Ana Teresa Yarce el 6 de octubre de 2004”, dice uno de los apartes del resumen de las pruebas entregadas.
La denuncia de la entonces ministra de Defensa contra Petro inició por el siguiente trino en la cuenta de Twitter del exalcalde de Bogotá: “Dado que la operación Orión fue un delito de lesa humanidad en la comuna XIII de la ciudad de Medellín y estuvo bajo el mando de Marta Lucía Ramírez, han escuchado ustedes hacerle esa pregunta a algún periodista de Colombia?”
En el proceso ya se superó la etapa de conciliación que fracasó por inasistencia de Petro a la Corte Suprema de Justicia, lo que sigue es que el alto tribunal continúe el proceso penal por incurrir calumnia contra el excandidato presidencial.
