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Los abogados de los militares investigados por el asesinato del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres -registrado el pasado 22 de abril- presentaron un conflicto de competencias argumentando que el caso debe pasar a la justicia penal militar puesto que son actos de servicio.
Debido a esto, la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que se tenía programada para este lunes contra el coronel del Ejército Jorge Armando Pérez Amézquita, el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo y los soldados profesionales Cristián David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte fue aplazada hasta que no se tome una decisión de fondo frente a esta petición.
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Esta petición tendrá que ser resuelta por el Consejo Superior de la Judicatura. El alto tribunal concluirá si el caso sigue en la justicia ordinaria o si todo el expediente debe trasladarse a la justicia penal militar para la investigación y juzgamiento.
El coronel Pérez Amézquita, quien para el momento de los hechos fungía como comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 en Ocaña (Santander), es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de favorecimiento en homicidio.
Según la FIscalía General, el oficial tuvo conocimiento claro y directo de los hechos que rodearon la retención de Torres, las torturas, su asesinato y el plan para desviar el caso.
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"De acuerdo con elementos materiales probatorios, y la evidencia física recaudada (...) como grabaciones e información legalmente obtenida se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita tendría conocimiento de los hechos, sin embargo los negó a las autoridades judiciales y administrativas", precisó el fiscal General (e) Fabio Espitia al momento de anunciar la investigación formal.
Entre las pruebas recolectadas -según ha trascendido- los militares habrían tenido comunicación directa con sus superiores sobre las acciones que ejecutaban en contra del desmovilizado de las Farc, cuyo cuerpo fue hallado por campesinos en una improvisada fosa en el sitio conocido como Carrizal, en el municipio de Convención (Norte de Santander).
Torres fue interceptado por los militares cuando regresaba a su residencia en la vereda Campo Alegre, en zona rural del municipio de Convención (Norte de Santander). Por estos hechos el pasado miércoles el Ejército retiró de sus filas al coronel Pérez Amézquita tras finalizar la investigación disciplinaria.
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El pasado 23 de agosto, la defensa del cabo segundo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo -el primer procesado- presentó el preacuerdo que firmó junto a la Fiscalía General por estos hechos.
En la negociación el cabo reconoce su participación en este crimen.El próximo 21 de noviembre, un juzgado especializado de Cúcuta definirá su acepta o no el preacuerdo.
