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La Corte Penal Internacional (CPI) manifestó su posición frente a la polémica en torno a la promulgación de la ley estatutaria de la JEP, que sigue pendiente por parte del presidente Iván Duque.
En primer lugar, la CPI reiteró su apoyo “a la JEP como el mecanismo clave de justicia transición adoptado de conformidad con el acuerdo de paz”, dijo el vicefiscal de la CPI, James Stewart.
Así mismo, se refirió a las preocupaciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien sugirió objetarla.
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“Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma”, agregó Stewart.
El vicefiscal de la CPI señaló que no promulgar esta ley, que constituye la columna vertebral de la JEP, sería un revés para los acuerdos de paz.
“Es nuestro deseo que la Fiscalía General de la Nación y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”, dijo.
Hace dos meses, esta ley pasó el examen en la Corte Constitucional y ya surtió el trámite en el Congreso. Sin embargo, el presidente Iván Duque anunció que evalúa si la modifica u objeta.
Previamente, el procurador Fernando Carrillo le pidió al presidente Duque no objetar la ley de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), tras asegurar que ello significaría un riesgo en la seguridad jurídica del acuerdo de paz logrado con la extinta guerrilla de las Farc.
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A través de una carta, el procurador Carillo explicó en cuatro puntos que es necesario que exista una hoja de ruta para la JEP, que permita lograr una mayor estabilidad a los alcances del acuerdo final.
Carrillo precisó que "es necesario que haya límites precisos a las actuaciones de la JEP y que el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, garantice efectivamente los derechos de las víctimas del conflicto armado y de los procesados, por lo que se aprecia como necesaria la pronta sanción presidencial al Proyecto de Ley No. 08 de 2017 Senado, 016 de 2017 Cámara".
Sin embargo. el comisionado de paz, Miguel Ceballos, le salió al paso este martes a quienes aseguran que el Gobierno podría estar incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional si no sanciona la ley.
Ceballos confirmó que la Secretaría Jurídica de la Casa Nariño sí está evaluando la posibilidad de presentar algunas objeciones.
“El presidente tiene una prerrogativas que le confiere la Constitución y la ley y dentro de esas prerrogativas también tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan en este caso con la ley estatutaria”, señaló.
“Ese derecho y ese deber puede ejercerlo el presidente y Colombia debe ser respetuosa. En ese sentido nuestro Gobierno está analizando la posibilidad de unas objeciones”, añadió Ceballos.
