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La Corte Constitucional declaró incumplimiento general en el componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación para el que debía pagar el Gobierno Nacional para el año 2024, pues el tribunal consideró que no hay un mecanismo concreto que permita fijar el valor de las UPC.
La corte dio un plazo de 10 días para que el Gobierno Nacional establezca un mecanismo que permita calcular el reajuste que deberá ser aplicado para el pago de la UPC de 2024 y de 2025.
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“Se ordenó al Ministerio de Salud la creación de un mecanismo de reajuste que deberá aplicar a la UPC de 2024 y 2025, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta decisión”, dice el pronunciamiento.
El tribunal le ordenó al Ministerio de Salud establecer una mesa de trabajo con diferentes sectores para revisar el cálculo de la UPC para el 2024, además de que en esta mesa se deberá evaluar el rezago desde el 2021.
Los magistrados concluyeron que no hay información que permita contrastar la información de reportes de las EPS para calcular las UPC año tras año, además de que señalaron que la información con la que se está haciendo el cálculo actual no es suficiente ni cuenta con la calidad requerida para ese propósito.
“Crear una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades y actores del sector salud cuyo objetivo principal es revisar la UPC de 2024, conforme a unos parámetros mínimos que deberá establecer el MSPS con apoyo de los integrantes de la mesa”, añadió la Sala de Seguimiento.
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Los magistrados encontraron que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables como la siniestralidad, la inflación y las destinaciones específicas de ese dinero para la atención de los pacientes del sistema de salud.
El tribunal criticó que el Ministerio de Salud ha señalado presuntos usos indebidos del dinero de la UPC que es entregado a las EPS sin aportar pruebas, pues además señaló que esta no es razón para no ajustar correctamente el pago cada año, puede afectar los montos mínimos que las EPS deben tener en sus cuentas.
“La Sala consideró que esta insuficiencia puede afectar los montos mínimos que exige la ley que las EPS tengan en sus cuentas, y aunque el Ministerio alega uso indebido de la UPC no entrega las pruebas de esto para que se inicien las investigaciones correspondientes”, añadió la providencia.
El Ministerio de Hacienda también deberá aprobar los recursos necesarios para que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos y ordenes que hacen seguimiento al respeto al derecho a la salud.
