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La Fiscalía General de la Nación confirmó la primicia de La FM y llamó a juicio a César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, como pieza clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
César Augusto Manrique Soacha es hoy un prófugo de la justicia y sobre él pesa una circular roja de la Policía Internacional (Interpol).
En su decisión, la Fiscalía también determinó radicar el escrito de acusación con el cual llama a responder en juicio a otros siete exfuncionarios y contratistas, por estar presuntamente implicados en el escándalo de corrupción en Gestión del Riesgo.
En el caso de César Manrique, la Fiscalía cuenta con pruebas contundentes para acusarlo como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
¿Dónde estaría Manrique Soacha?
La FM conoció que por información de los organismos de inteligencia que César Manrique Soacha estaría escondido en la región de El Catatumbo bajo protección del ELN.
De acuerdo con los investigadores y agentes de inteligencia que le siguen el rastro a Manrique Soacha, tras intensas labores de investigación se logró detectar que el último destino del exfuncionario fue El Catatumbo, donde gozaría de la protección especial por parte de una persona clave en la estructura financiera de la guerrilla del ELN.
Las evidencias permitieron establecer que Manrique Soacha presuntamente gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
De acuerdo con los investigadores a cambio de esta labor, Manrique Soacha solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos.
Según la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, adicionalmente desde enero a marzo de 2024, César Manrique presuntamente obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carro tanques.
Los otros involucrados llamados a juicio son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD.
También el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
“Entre tanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carro tanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.
La Fiscalía precisó que el contrato asociado con el suministro de carro tanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú.
“Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú”, añadió la Fiscalía.
