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Fuertes críticas se llevó el despacho del magistrado Ariel Torres, de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la defensa del excandidato presidencial, Camilo Romero, en audiencia previa al juicio en el marco del proceso por las irregularidades en la compraventa de licores en el departamento de Nariño, cuando Romero fue gobernador.
Las críticas se basan en una negativa que tomó el magistrado Torres, frente a las pruebas que pretende usar Romero en el juicio para demostrar su inocencia.
El abogado Miguel Ángel Del Río, quien defiende los intereses de Romero, cuestionó que el magistrado no le hubiera otorgado plazos de tiempo a la defensa del exgobernador, que en su momento era el abogado Gerardo Barbosa, para sustentar las decisiones en su contra sobre las pruebas.
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“El auto de más de 200 páginas se expidió sobre medio día cuatro horas antes de la audiencia. Se niega que se conceda un tiempo razonable a la defensa dada la cantidad exorbitante de pruebas que fueron negadas, concediéndole solo media hora para su sustentación”, dijo el abogado.
Lo que pide Del Río es que se anule todo lo actuado en el proceso desde el primero de julio de 2021 para que la defensa de Romero pueda debatir la negativa del magistrado sobre las pruebas en juicio a para demostrar su inocencia.
“¿Por qué razón su despacho no decide permitirle a la defensa de Camilo Romero la fundamentación del recurso de apelación? (…) su despacho suspende la audiencia y no decreta fecha”, dijo el abogado.
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En una audiencia pasada Romero ya había hecho criticas a la Corte sobre la garantía de sus derechos procesales, haciendo referencia a otra negativa del magistrado Torres sobre aplazar las diligencias, mientras que su abogada –que era nueva en el proceso-, estudiaba el expediente.
Según lo que dijo Romero en esa audiencia, su primer abogado renunció por supuestas presiones de la Corte. “El doctor Gerardo Barboza renuncio por cómo se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras que tenía covid, mientras que levantó sin ningún problema otra audiencia porque el señor fiscal no se sentía bien”, dijo Romero en esa audiencia.
Las investigaciones penales contra el exgobernador de Nariño y excandidato presidencial iniciaron en el 2019 por presuntas inconsistencias en un contrato para la comercialización del aguardiente en la región, que habrían comprometido recursos por más de 18.000 millones de pesos.
