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El Gobierno se mostró sorprendido con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado por la violación de los derechos políticos del hoy senador Gustavo Petro cuando fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 15 años siendo alcalde de Bogotá.
En entrevista con La FM, el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano, Camilo Gómez, aseguró que la Corte IDH no debía actuar en este caso porque ya lo había hecho la misma justicia colombiana.
“La Corte Interamericana desconoce la actuación acertada del Consejo de Estado que ya había solucionado el tema y había declarado la nulidad de la decisión de la Procuraduría (…) la Corte solo debía actuar si la justicia interna no lo había hecho”, afirmó.
Dijo que la decisión que tomó el Consejo de Estado en Colombia fue la misma que la de la Corte IDH, pues ordenó también pagarle al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, los salarios dejados de percibir, así como lo que pagó en abogados.
“Lo que pasa es que Petro y algunos miembros de la izquierda no creen en la justicia colombiana o les gusta hacerle mala imagen en el exterior”, aseveró.
El vocero del Gobierno explicó que el error estuvo en que Colombia a lo largo de la historia constitucional ha interpretado de manera diferente el articulo 23 numeral segundo de la Convención Interamericana, que señala que solo se puede juzgar a funcionarios públicos de elección popular mediante un procedimiento penal.
“Colombia había interpretado ese tipo de procedimientos de una manera distinta como los interpreta la Corte, porque el proceso penal se refiere, a nuestro juicio, más a garantías, etc. y así lo hemos aplicado en toda la historia constitucional en Colombia”.
Gómez aclaró que la Corte aceptó solo unos argumentos de Petro y ordenó una indemnización de 10.000 dólares, de los 40.000 que el senador alegaba, y un reembolso por honorarios de abogados de 17.000 dólares.
“Es un arma de doble filo lo que hizo Petro”, puntualizó el alto funcionario.
