Jueces tomaron partido y prejuzgaron al Estado: Camilo Gómez sobre caso Jineth Bedoya

En entrevista con La FM, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aclaró la controversia que se tejió luego de que tomara la decisión de retirarse de la audiencia que se adelanta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la periodista Jineth Bedoya.

Explicó que el Estado colombiano recusó a los jueces Elizabeth Odio Benito, Patricio Pazmiño Freire, Eugenio Raúl Zaffaroni, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique porque consideró que “estaban prejuzgando” y. al ver que no se resolvió la recusación y se continuó la audiencia, decidió retirarse.

“Hicieron preguntas a las víctimas en la que prejuzgaban que Colombia era responsable. Uno como abogado del Estado dice: si aquí ya estoy condenado, esto no es un juicio (…) un juez no puede tomar partido y ayer los jueces lo hicieron; yo como defensor de Colombia no puedo permitir que al país lo traten de esa manera, es la dignidad del Estado colombiano”, señaló.

Comentó a este medio que por ejemplo los magistrados de la Corte IDH hicieron preguntas en las que aseguraban que en el país hay sistematicidad en la violencia contra las mujeres. “Ni siquiera Jineth había planteado eso, y el magistrado presupone que se está dando”, agregó.

Indicó que otro de los jueces preguntó a la víctima cómo podía ayudarle la Corte a que sea reparada. “Todos nos solidarizamos con Jineth, pero los jueces deben ser objetivos y formular preguntas de forma objetiva”.

Gómez aclaró que su posición contra los jueces no quiere decir que el Estado no reconozca lo sucedido con la reconocida periodista, quien fue abusada sexualmente al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, cuando realizaba una investigación periodística, pues reafirmó que es un hecho repudiable y se han solidarizado con ella.

“Mi discusión no es con Jineth sino contra la posición de los jueces, que perdieron ser objetivos e imparciales”, puntualizó.

Finalmente enfatizó en que el Estado reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de ella, “haciéndola pasar por esa dolorosísima situación tantas veces” algo que no debió suceder.