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Un juez del circuito de Bogotá confirmó las solicitudes que hizo la Fiscalía General de la Nación en favor de las comunidades de 19 municipios de Antioquia, impactadas por el proyecto hidroeléctrico en Ituango.
En su decisión, el juzgado acogió los argumentos del fiscal del caso sobre la falta de información en torno al estado real del proyecto y los posibles riesgos e indicó que ello obliga a proteger a los pobladores de los municipios de Buriticá, Liborina, Caucacia, Tarazá, Toledo, Briceño, Ituango, Sabanalarga, Nechí, Valdivia, Pequea, Cáceres, Ayapel, San Marcos, Majagual, Guaranda, Achis, San Jacinto y Magangué.
Las medidas judiciales obligan al retiro del buchón de agua que está sobre el espejo de agua, al manejo de aguas, al igual que los escombros del material excavado y al fortalecimiento de las capacidades del hospital.
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De igual forma, se debe insistir en el retiro del material vegetal producido por la tala de árboles y la autorización de la pesca en zonas aptas para consumo humano, sin olvidar el suministro de información acertada sobre el estado actual del proyecto.
La decisión de primera instancia fue apelada en su momento por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango S.A. ESP y Empresas Públicas de Medellín (EPM) al considerar, entre otros aspectos, que el juez se extralimitó al concederlas, y añadió que la afectación que se busca proteger solo se dará en dos de los municipios que están siendo protegidos.
Así mismo, destacó que los argumentos de la Fiscalía sobre el daño ambiental producido por los desechos que dejó la planta de asfalto, que operó hasta mayo del 2018 en la vía Toledo en Puerto Valdivia, podrían resultar peligrosos, contaminar y afectar las aguas de los ríos San Andrés, Cauca, entre otros.
Finalmente, la decisión reitera la necesidad de cumplir con las mesas técnicas en las cuales se permita la participación de las víctimas y se emitan los informes sobre conceptos técnicos y demás solicitudes de información del estado del proyecto.
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