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Unos 864 “incidentes” se presentaron durante las elecciones legislativas en Colombia este 8 de marzo, según la Defensoría del Pueblo.
Ese organismo reportó desde puestos con jurados incompletos, hasta disposición de publicidad política cerca de las zonas para votar.
La Defensoría identificó “retos estructurales y operativos” en todo el país, si bien valoró “positivamente” el transcurso de la jornada. La lista de incidentes llegó junto a un llamado de atención.
Las incidencias más registradas fueron los puestos de votación sin la totalidad de jurados asignados: 286. Las limitaciones para personas con discapacidad alcanzaron 79 casos, y los puestos afectados por la ola invernal, cuarenta.
Unos 40 puestos de votación iniciaron la jornada después de las ocho de la mañana y en 37 casos se denunció presencia de publicidad política cerca de un puesto de vocación, o personas con material electoral visible.
En 27 casos hubo “problemas de señalización” en los puestos de votación; en 24 hubo una presunta coacción o manipulación del voto; en 18, presunta compra de votos; en 8 hubo falta de kits, y en 7, se presentaron protestas o manifestaciones.
Las autoridades incautaron $3.760 millones que presuntamente iban a ser usados para la compra de votos, “lo que evidencia que siguen operando redes de corrupción electoral”, acotó la Defensoría, que documentó “posibles esquemas de movilización irregular de votantes”.
Aunque la Registraduría “garantizó el adecuado funcionamiento de los puestos” a nivel general, se presentaron varios problemas logísticos, como “retrasos en la apertura de algunos puestos, confusión entre votantes para acceder a su lugar de votación” o falta de papelería en braille.
Municipios sin electricidad y zonas bajo amenaza de los grupos armados
“En diferentes lugares del país se reportaron afectaciones al fluido eléctrico y el acceso a internet”, lo que en Vichada, por ejemplo, causó demoras. Puerto Carreño estuvo sin energía todo el día. Unos 21.000 habitantes estaban habilitados para votar, y solo sufragaron poco más de 3.200.
La Defensoría informó también cinco “situaciones de seguridad”, como los combates entre el Clan del Golfo —las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y el ELN la noche del 7 de marzo.
El saldo fue de siete heridos. Las confrontaciones “impidieron el acceso de la comunidad a las urnas y generaron incertidumbre sobre la suerte del personal de la Registraduría y del material electoral”, aunque luego se transmitió normalidad.
Un hostigamiento armado el 6 de marzo en Aracataca, Magdalena, en el resguardo indígena serankua, provocó temores en los habitantes. El Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se enfrentaban en la vereda.
Y en Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Urabá, Huila, Nariño y Norte de Santander, los grupos armados habrían ejercido presión “a favor de ciertas candidaturas” que el Ministerio Público no detalló. Las denuncias “deben ser investigadas por las autoridades competentes”.
“Aunque no se trata de hechos generalizados en todo el país, sí muestran que en algunos territorios donde persiste la presencia de actores armados ilegales las elecciones siguen desarrollándose en un contexto de riesgo”, zanjó la Defensoría.
La Procuraduría General de la Nación , por su parte, afirmó haber recibido 1.465 quejas durante la jornada de elecciones.
“La Procuraduría procesó y atendió en un alto porcentaje estos reportes”, sostuvo. “Los restantes”, añadió, tendrán “atención prioritaria y urgente” por parte de las delegadas disciplinarias.
Las alertas previas de la Defensoría sobre las elecciones
Antes de los comicios, la Defensoría había advertido sobre la incidencia de todos los grupos armados. El peligro era mayor en 69 municipios, donde el Estado recibió un “llamado a la acción inmediata”, por la falta de libertades en ciertos territorios.
Ese organismo puntualizó su aviso en el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013 de 2025, que describe las amenazas que priman en todo el país de cara a las votaciones. En total, 670 municipios están en riesgo en tres niveles.
En octubre de 2025, cuando la Defensoría recopiló denuncias y elaboró la Alerta, 62 municipios requerían “acción inmediata”, la mayor cota en la escala del peligro. El informe de seguimiento del 23 de febrero mostró una cifra más alta, de 69.
Otros 162 municipios estaban en el nivel de “llamado a la acción urgente”, y ante la falta de respuesta institucional el dato subió a 168. Y frente al “llamado a la acción prioritario”, que agrupaba a 425 municipios, el número llegó a 433.
La medición del riesgo se refiere, principalmente, a la atención que debe prestar el Estado en su conjunto para contrarrestar la hegemonía, consolidación o disputa territorial de las estructuras armadas. Los indicadores no muestran mejorías.
Puede que las elecciones sin duda se hayan llevado a cabo. El problema es la coacción. “Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada”, dijo la defensora del pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal, en algunas regiones, que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, añadió Marín.
