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El docente Kevin Santiago Ángel Garzón fue hallado sin vida el pasado viernes, aunque su cuerpo solo pudo ser identificado hasta el lunes. El profesor, quien también trabajaba como conductor de aplicación, había sido reportado como desaparecido desde el miércoles 20 de mayo en el barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.
Desde entonces, las autoridades avanzan en la recolección de pistas y testimonios que permitan esclarecer los hechos en torno a la desaparición y muerte del docente, quien estaba vinculado al colegio Santiago de las Atalayas. Tras su desaparición, la familia y la comunidad denunciaron el caso y realizaron manifestaciones el domingo sobre la avenida Guayacanes, con el fin de exigir apoyo institucional en la búsqueda.
Las investigaciones se concentran en establecer las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, el cual presentaba signos de haber sido incinerado en la misma localidad de Kennedy. Según la información conocida, el hallazgo se produjo en el barrio Tintal, específicamente sobre una ciclorruta. Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, era reconocido por sus estudiantes y por la comunidad educativa, lo que ha generado preocupación frente al caso.
En medio de este panorama, el director del Instituto de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, se refirió en entrevista con La FM Fin de Semana al análisis de distintos hechos que actualmente son materia de investigación, como el de Yulixa Toloza, describiendo un modus operandi que se suele manejar en este tipo de desapariciones.
También, se refirió a otros casos forenses recientes, entre ellos el hallazgo de artefactos explosivos en cuerpos trasladados desde Guaviare, así como avances en la identificación de menores de edad y el análisis de distintos hechos que actualmente son materia de investigación.
“El modo operandi es muy parecido”: cosas en común de casos de desapariciones
El director mencionó patrones similares en varias investigaciones recientes. “El modo operandi es muy parecido”, dijo, al comparar hechos relacionados con distintos casos registrados, como lo es el del profesor fallecido de la Universidad Externado de Colombia, Neill Felipe Cubides.
Entre ellos, citó situaciones que involucran víctimas en Bogotá y municipios cercanos. “Estamos viendo una situación muy similar de cuerpos en los alrededores de la ciudad”, señaló.
Sobre el caso del profesor Kevin Santiago, indicó que ya se realizó el análisis forense correspondiente. “El caso es muy parecido a otros hechos”, afirmó, sin detallar más resultados.
Así mismo, al referirse a la muerte de Yulitza en una clínica, explicó que el informe fue entregado a la Fiscalía. “Hay reserva sumarial sobre el caso”, indicó, aclarando que no puede divulgar detalles adicionales.
El director reiteró que la información oficial se mantiene bajo protocolos establecidos. “Se entregó la necropsia a la Fiscalía”, concluyó, al señalar que los resultados hacen parte del proceso investigativo en curso.
¿Qué encontró Medicina Legal en los cuerpos trasladados desde Guaviare?
Un hallazgo realizado durante los procedimientos forenses en San José del Guaviare encendió las alarmas de las autoridades. En la ropa de tres de los 48 cuerpos trasladados desde una zona de confrontación armada fueron encontrados seis artefactos explosivos.
El material explosivo se registró el 29 de mayo durante los procedimientos de inspección técnica realizados por personal de Policía Judicial en las instalaciones de Medicina Legal de San José del Guaviare. Según la información preliminar, los explosivos estaban adheridos a las prendas de vestir de tres cadáveres que hacían parte del grupo de cuerpos recuperados tras las confrontaciones armadas registradas en la zona rural del departamento.
Durante la entrevista, el funcionario explicó que los cuerpos fueron hallados por la comunidad y trasladados para su análisis. “Los cuerpos están acompañados por artefactos explosivos”, señaló, al detallar que uno de ellos llegó con “unos estopines”, lo que obligó a suspender el procedimiento.
“Eso nos conllevó el lunes pasado a hacer la suspensión por seguridad para los peritos”, indicó, precisando que los elementos fueron retirados por la autoridad especializada. Según explicó, este tipo de situaciones no es aislado: “No es la única situación que hemos vivido”.
El director agregó que en otro caso ocurrido este mismo año también se detectaron explosivos en cuerpos provenientes del mismo departamento. “Personas que vienen fallecidas con artefactos explosivos ponen en riesgo el trabajo forense”, afirmó.
Sobre los protocolos, explicó que se realiza una revisión detallada antes de cualquier intervención. “Pasamos a rayos X los cuerpos para tomar radiografías”, dijo, indicando que este procedimiento permite identificar posibles riesgos antes del abordaje técnico.
Además, señaló que cuando se detecta un artefacto, se activa un protocolo con autoridades competentes. “Se llama a la CIGIN para que haga el estudio y retire”, explicó, enfatizando que el personal forense no manipula estos elementos.
Revelación de menores de edad: ocho hombres y tres mujeres
En relación con los menores de edad, Cortés indicó que fueron recibidos 11 cuerpos. “Ocho eran hombres y tres eran mujeres”, detalló, señalando que se logró identificar a 10 de ellos.
“Nos quedó faltando por identificar uno”, afirmó, agregando que ya se inició la entrega de cuerpos a familiares. Según explicó, “muchos están pendientes para poderlos reclamar”.
También confirmó que algunos de los menores pertenecían a comunidades indígenas. “Habían niños indígenas”, indicó, al referirse a la caracterización inicial de los cuerpos analizados.
