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A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio, ahora a cargo de la Nueva EPS.
La alerta, según explicó la entidad, se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa esa EPS, advertida por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención, así como en el elevado número de acciones de tutela interpuestas en su contra durante 2025.
“La situación genera incertidumbre sobre su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad, una población que depende integralmente de la protección y cuidado del Estado para el ejercicio de sus derechos”, aseguró la Defensoría.
El organismo recordó que la Corte Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario —sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022— debido a fallas estructurales persistentes, especialmente en la garantía del derecho fundamental a la salud.
Además, citó el Auto 607 de 2024, que evidenció la continuidad de graves barreras de acceso a servicios médicos para esta población.
En ese contexto, la Defensoría advirtió que cualquier transición en el modelo de atención debe estar soportada en estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos suficientes, que garanticen continuidad asistencial, adecuada planeación y mecanismos claros de seguimiento, a fin de evitar interrupciones en tratamientos, suministro de medicamentos y atención oportuna, en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud.
Asimismo, instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a asegurar la prestación inmediata y sin interrupciones del servicio durante el proceso de transición, y pidió al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y a la Nueva EPS presentar y socializar el plan de red integral de prestadores, así como los contratos que permitan verificar la capacidad instalada para atender a toda la población privada de la libertad.
La entidad también solicitó el diseño de un plan de transición detallado con cronograma, responsables y mecanismos de control; el fortalecimiento de la supervisión mediante indicadores públicos verificables; y la habilitación de canales de información claros y transparentes para las personas privadas de la libertad y sus familias.
Además, pidió garantizar un enfoque diferencial con especial atención a mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo y trastornos de salud mental.
De igual forma, reclamó que el Ministerio Público, en especial la Defensoría del Pueblo, pueda participar en las decisiones del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud que incidan en la prestación del servicio en los establecimientos de reclusión.
Precisamente, la entidad reveló que desde enero solicitó formalmente ser invitada a ese Consejo Directivo para aportar en el proceso de toma de decisiones a través de sus delegadas para la Política Criminal y Penitenciaria y para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social; sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Finalmente, la Defensoría reiteró que activará todos los mecanismos de su competencia cuando advierta riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad y reafirmó su compromiso con la protección integral y efectiva de los derechos humanos en el sistema penitenciario colombiano.
