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Hoy el país mantiene latente en su memoria el atentado ejecutado hace un año en el parque El Golfito, del barrio Modelia en el Occidente de Bogotá, contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien luchó durante dos meses por su vida.
El 7 de junio de 2025, es el punto de partida de esta historia de horror y barbarie que una vez más se empecinó con Miguel Uribe Turbay y su familia, quién con tan sólo cuatro años y medio, tuvo su primer acercamiento con la muerte, cuando su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada el 25 de enero de 1991 por el cartel de Medellín, al mando de extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar.
Un plan criminal que hoy 365 días después, tras intensas investigaciones de la Fiscalía, la Policía Nacional e incluso con el apoyo de agencias internacionales permitió la vinculación de 17 implicados, nueve de ellos capturados como autores materiales. Las autoridades emitieron circular roja de Interpol y ofrecieron recompensas por más de 19.500 millones de pesos en contra de siete cabecillas de la segunda Marquetalia de la Disidencias de las Farc, quienes son buscados en 196 países, como los autores intelectuales del magnicidio.
Nuevas decisiones de la Fiscalía contra jefes de la Segunda Marquetalia
La Fiscalía solicitará ante un juez que se declaré como persona ausente a los siete excabecillas de la segunda Marquetalia de las disidencias de la Farc que ordenaron el crimen.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, reveló en primicia a La FM que una vez se avale esta solicitud los investigadores tendrán vía libre para imputarle cargos a estos jefes guerrilleros por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Las órdenes de captura están dirigidas contra Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho; y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever.
Magnicidio de Miguel Uribe fue movido por razones políticas
De acuerdo con la Fiscalía las pruebas conducen a establecer que el crimen del senador Miguel Uribe fue movido por razones político - instrumentales, vinculado al ejercicio de sus funciones como senador y candidato presidencial de Colombia.
“Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio. Es decir, no se trató únicamente de eliminar a una persona, sino incidir en el escenario político”, señala uno de los apartes del informe de la Fiscalía.
“Las evidencias recolectadas permiten concluir que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasiones un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país”, señala el expediente.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo indicó: "Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y el Grupo Armado Organizado Residual de la 'Segunda Marquetalia".
A lo largo de las indagaciones y labores de inteligencia de policía judicial se determinó que el trabajo investigativo estableció que Kendry Téllez Álvarez sería el articulador y el responsable de la planeación, coordinación y financiación del homicidio, y se habría encargado de contactar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a comienzos de 2025. En su momento, presuntamente puesto en contacto directo con alias 'El Zarco', en una reunión que programó y organizó en zona de frontera con Venezuela.
Rastreo en el exterior a financiadores del crimen
La fiscal delegada, Deicy Jaramillo, confirmó a La FM que peritos contables y expertos agentes de policía judicial avanza en un rastreo en cuentas bancarias en Colombia y en el exterior, en países como Argentina y Ecuador, para identificar transacciones y otros movimientos con el fin de identificar a los presuntos financiadores de este magnicidio.
Con base en los hallazgos probatorios, los fiscales emitirán las respectivas órdenes judiciales para ubicar y capturar a otros de los implicados.
Los fiscales intensificaron las labores de verificación y rastreo de información forense y de seguridad para mapear a los capturados y sus comunicaciones, relacionando los registros de llamadas con la torre de telefonía celular que las procesó para reconstruir eventos y obtener evidencias técnicas para judicializar a otros involucrados con este magnicidio.
En el expediente se advierte que el grupo criminal conocido como ‘Plata o Plomo’ incluyó en el plan una bolsa de hasta mil millones de pesos para pagar a los sicarios y se destinaron 600 millones adicionales para sobornar a la justicia o silenciar a los implicados
Prueba clave ante instancias internacionales
La FM también conoció una prueba clave aportada por la familia de Miguel Uribe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deja en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad otorgada al senador incluso después de encontrase en estado crítica en la Fundación Santa Fe.
Ricardo Cruz, abogado e investigador de la defensa reveló que se camuflaron con armas e incluso con la presencia de un dron varios investigadores que ingresaron hasta esta clínica y vulneraron la seguridad de la clínica.
“Acá estamos al interior de las instalaciones de la clínica Santa Fe, dos personas muy bien vestidas, pero en este portafolio que tú estás viendo ahí llevamos dos armas (…) Violamos absolutamente toda la seguridad, a pesar de que ahí ya existían diferentes dispositivos de seguridad, tanto de policía, de unidades de protección y unidades militares. Aun así, estamos acá, aproximadamente a un piso de la habitación del doctor Uri”, el abogado Cruz.
La suerte judicial del director de la UNP, Augusto Rodríguez
La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, dejó en claro que ese organismo no tiene ningún interés de favorecer al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, dentro de la investigación que se sigue en su contra, y toda decisión que se adopte será acorde a las pruebas frente a la denuncia de la familia sobre su posible omisión en el otorgamiento del esquema de seguridad designado al senador.
El pasado 30 de abril, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, negó en interrogatorio ante la Fiscalía que haya actuado con omisión para reforzar la protección del senador Miguel Uribe Turbay e indicó que el asesinado precandidato presidencial adoptó malas decisiones que debilitaron su esquema de seguridad.
“Absolutamente, no. Nosotros hicimos todo lo que norma y la obligación que nos plantea nuestra misionalidad, frente a lo que había que hacer. Todo lo de la UNP se hizo al pie de la letra”, indicó.
El desgarrador relato de María Claudia Tarazona
María Claudia Tarazona, una mujer que como madre y esposa ha enfrentado con valentía la huella de la violencia que le arrebató parte de su vida con el crimen de Miguel Uribe y quien hoy ha tenido que sobrellevar el duelo de la mano de sus cuatro hijos, entre ellos con el pequeño de la casa, Alejandro. Relató a La FM la difícil conversación sostenida con su hijo Alejandro sobre quienes asesinaron a su papá.
“El duelo se enfrenta es sintiendo, dándole la cara al sentimiento. Y cuando está bravo, le digo, ok, se vale estar bravo. Es que yo quiero matar a los que mataron a mi papá. Le dije, se vale estar bravo. Lo que pasa es, que vamos a hacer algo especial con esa rabia (…) lo que te da miedo es que alguien pierda la vida, que la vida es muy valiosa”, dijo.
Aunque María Claudia Tarazona enfatizó que hoy perdona a los asesinos de Miguel Uribe, expresó una fuerte oposición a la negociación que adelanta con la Fiscalía, Elder José Arteaga, alias El Costeño o Alias chipi, considerado el cerebro en la ejecución del crimen de su amado esposo.
La fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo, respondió a la familia de Miguel que pese a su oposición este organismo insistiera ante un juez el próximo 16 de junio que sea avalado el preacuerdo con alias El Costeño.
