La FM en Google News
En estas zonas, donde la vida se valora menos que un dispositivo móvil, prohibir la telefonía y la infraestructura básica se ha convertido en el mecanismo del grupo armado para imponer un aislamiento forzado y evadir la presencia estatal.
En Colombia, el control territorial no solo se mide en kilómetros, sino en el dominio del espectro electromagnético. Mientras el país debate sobre la brecha digital, en el sur de Bolívar se vive un aislamiento forzado impuesto por el ELN, grupo que prohíbe el uso de celulares y veta por completo la instalación de antenas de telefonía móvil. Esta realidad, que parece ajena a nuestra era, es el pan de cada día en una región donde la comunicación se considera una amenaza a la seguridad del actor armado.
Según datos oficiales, el 58% de la población rural en Colombia carece de conectividad y el 26% de los hogares vive en total desconexión. Sin embargo, en el sur de Bolívar, la desconexión no es una carencia técnica, sino un mecanismo de control social y criminal.
Hablamos con la población del sur de Bolívar para entender cómo el ELN ha logrado impedir que las comunidades se comuniquen. Un líder social, quien estuvo a cargo de un proyecto para llevar conectividad a una zona sin ningún tipo de comunicación, relata los esfuerzos truncados por la insurgencia: “Nosotros como junta, recogimos 7000 firmas, para el tema de desarrollo y comunicación, pedimos el permiso al actor armado que en ese momento era el ELN y en su momento dijeron que sí. Después, iban a traer la antena que estaba en Magangué, y ahí nos dijeron que NO, y que quien siguiera con ese caso, lo mataban”.
Tras meses de gestión y un proyecto que la comunidad anhelaba, la antena tuvo que ser devuelta a Bogotá. La prohibición no se limita a la infraestructura de red; el objeto más cotidiano del siglo XXI, el teléfono celular, es un instrumento prohibido bajo pena de muerte.
En las zonas bajo control del ELN, portar un teléfono móvil puede convertirse en una condena irreversible. El mismo líder social que se atreve a denunciar estas injusticias detalla la gravedad de esta política: “Quien cargara con un celular, lo mataban, en mi pueblo pasó un caso. Un señor inocentemente trajo un aparato de estos chiquitos, un flechita como decimos nosotros, lo cargaba, para cuando saliera afuera, cogiera señal, se lo cogieron, al señor lo cogieron y lo llevaron a una comunidad arriba y lo masacraron a plomo, lo mataron por tener esa flechita”.
Resulta increíble que, en pleno siglo XXI, la tenencia de un dispositivo básico de comunicación sea motivo de ejecución. En el sur de Bolívar, el ELN ha establecido un régimen donde el control sobre la información tiene más valor que la vida humana misma.
Al consultar sobre las razones detrás de esta medida, el grupo armado ofrece una justificación cínica basada en el miedo a la institucionalidad: “La excusa es que por medio de la comunicación se entraba la ley pública para perseguirlos, y atacarlos”.
Bajo esta premisa, cualquier intento de progreso es visto como una infiltración de la Fuerza Pública. Lo mismo ocurre con el desarrollo de infraestructura vial. El terror se utiliza para frenar la llegada de vías que, de construirse, permitirían a las comunidades denunciar los atropellos sistemáticos. “Ellos nunca estuvieron de acuerdo que hiciéramos una vía, que insistimos para hacerla más de 10 veces, y dijeron que no”.
La desesperanza de los líderes sociales es evidente. La cohibición es constante y el miedo paraliza cualquier iniciativa de mejora comunitaria: “Nosotros buscamos el desarrollo para la comunidad, pero cada vez que buscamos el desarrollo, ellos nos lo frenan, porque tienen las armas, y usted sabe que quien tiene las armas, tiene el poder. Nosotros nos hemos visto humillados, desmotivados, y por eso no ha habido desarrollo en estos territorios; el ELN en todo momento está cohibiendo a las comunidades”.
La situación en la serranía de San Lucas es crítica. El testimonio de los pobladores es desgarrador: la muerte alcanza a personas ajenas al conflicto solo por la posesión de un celular. “En estos momentos han pasado muchos casos en la serranía de San Lucas, han matado a gente que no tiene nada que ver con el conflicto, por un celular”.
“En el pueblo mío fueron víctimas 3 personas, que los mataron por cargar un celular”
Hoy, en pleno siglo XXI, el sur de Bolívar vive un aislamiento que clama por la presencia del Estado. No se trata solo de tecnología; se trata de recuperar la libertad y la dignidad de comunidades que, hoy por hoy, enfrentan una sentencia de muerte por el simple hecho de querer comunicarse con el mundo.
Por Stephanie Bates
