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Tras no llegar a un acuerdo entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón y los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, José Otty Patiño Hormaza, se ordenó mantener la suspensión de las órdenes de captura que pesan contra el jefe de las disidencias de las Farc Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.
La FM conoció que por espacio de más de dos horas los delegados de la Fiscalía y de la Oficina del Comisionado de Paz discutieron y analizaron este caso con base en la Ley de Paz Total pero no llegaron a un consenso y por ello, se ordenó mantener la situación jurídica que beneficia al peligroso cabecilla de las disidencias.
La revisión del cumplimiento de este beneficio jurídico se llevará a cabo periódicamente de acuerdo con los acontecimientos y vinculando a las instituciones cuya misionalidad esté relacionada con dicha materia.
Los delegados para este tema pidieron 15 días más para hacer las consultas jurídicas y políticas necesarias para revisar el caso.
Está metodología de seguimiento fue ordenada el pasado 26 de marzo tras una reunión sostenida por la fiscal general y el comisionado de paz, tras las acciones violentas atribuidas a las estructuras criminales bajo el mando de este jefe guerrillero.
“Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022, en atención a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023”, indicó en un comunicado la Fiscalía.
“Con esta metodología se examinará en los próximos días el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, como miembro representante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional”, agregó la Fiscalía.
En su oportunidad la fiscal general Luz Adriana Camargo, enfatizó que de comprobarse que durante las conversaciones se incurrió endelitos de lesa humanidad o infracciones graves se ordenará reactivar de manera directa las órdenes de captura que pesan en contra de alias Calarcá.
“En una instancia en que nosotros verifiquemos a partir de la información que hay, que durante las conversaciones ha cometido efectivamente delitos de lesa humanidad o infracciones graves al derecho internacional humanitario”, explicó la fiscal general.
A ello se suman los hechos registrados en febrero pasado en el departamento del Guaviare relacionados con la masacre de 26 personas, lo que motivo nuevas solicitudes a la Oficina del Comisionado de paz sobre el beneficio de suspensión de las medidas judiciales.
