La FM en Google News
El Gobierno nacional analiza la posibilidad de revertir la suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc, ante lo que considera un incumplimiento grave de los compromisos asumidos en el marco de la política de Paz Total.
La revisión está siendo liderada por el Ministerio de Defensa, luego de un incremento de acciones violentas atribuidas a estructuras bajo el mando de este cabecilla, entre ellas ataques armados, extorsiones y hechos que han afectado directamente a la población civil y a la fuerza pública en varias regiones del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que los beneficios jurídicos otorgados a los grupos en negociación no son indefinidos ni automáticos, y que su permanencia depende del respeto a los compromisos pactados. En ese sentido, señaló que la continuidad de delitos de alto impacto obliga al Estado a reconsiderar la vigencia de medidas como la suspensión de órdenes de captura.
Entre los hechos que pesan en la evaluación se encuentran acciones que han dejado víctimas mortales y que han puesto en entredicho la efectividad de los mecanismos de verificación. De acuerdo con cifras oficiales, durante el actual gobierno más de 2.000 personas han muerto en hechos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, incluidos centenares de integrantes de la fuerza pública.
A este escenario se suma la presión internacional. En Estados Unidos continúa vigente una recompensa millonaria por información relacionada con el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, ataque en el que alias Calarcá figura como uno de los presuntos responsables.
El Gobierno colombiano ha reiterado que cualquier cooperación se mantendrá dentro de los límites de la legislación nacional.
Organismos de control también han encendido las alertas. La Defensoría del Pueblo ha denunciado reclutamiento forzado de menores, especialmente en zonas como el Guaviare, así como un aumento de amenazas y atentados contra autoridades locales, lo que refuerza la percepción de un deterioro en el orden público.
La decisión final sobre la situación jurídica de alias Calarcá aún no está tomada. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que la paz negociada no puede avanzar si persisten conductas criminales que contradicen de manera directa los principios del proceso.
