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“Canje no va a haber”. Así respondió el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, en una breve conferencia de prensa, a la pregunta de si el Gobierno accedería a las condiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para liberar a Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Frankie Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez.
Un año después de secuestrarlos, la guerrilla activa más longeva en América hizo público el “juicio revolucionario” en su contra. Lo había anunciado en octubre de 2025. Pacheco y López son agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, y Hoyos y Pérez son uniformados de la Dijín de la Policía Nacional.
El grupo armado mantiene en cautiverio a los funcionarios en Arauca desde mediados de 2025, un año en el que las autoridades documentaron 651 plagios, más del doble de los 313 reportados en 2024. El Frente de Guerra Oriental es el responsable del crimen. El comisionado Otty Patiño aseguró que no habrá “ni intercambio humanitario”.
Un puñado de elenos anunció en un video que les concedía a los secuestrados, a quienes califica como “condenados”, la “posibilidad” de “tramitar” un canje humanitario con el Ejecutivo. Es decir, entregar a los funcionarios a cambio de guerrilleros presos. Para el consejero comisionado, la propuesta está descartada.
“Canje no va a haber ni intercambio humanitario. Nada de eso que coloque al Estado en una situación de simetría con el ELN, más aún después de que el ELN hace esa acción tan terrible contra seis personas” en Ábrego, un municipio nortesantandereano que pertenece a la convulsa región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
El “juicio” del ELN mientras crecen las críticas por la falta de voluntad de paz
Seis personas fueron masacradas el 19 de mayo en Ábrego, sobre la vía que va hasta Ocaña. Entre las víctimas estaba Freiman David Velásquez, líder social, miembro de la sobreviviente Unión Patriótica, expresidente del Consejo Departamental de Juventudes e integrante de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo.
“No hay una muestra clara de voluntad de paz por parte del ELN”, sostuvo Patiño este miércoles, 20 de mayo, cuando la familia de Frankie Esley Hoyos difundió un video en el que el investigador le pide al Gobierno nacional firmar los acuerdos necesarios para concretar su liberación. “Nuestras familias continúan sufriendo”, expresó.
Las condenas ilegales que el ELN impuso rondan los cinco años de “prisión revolucionaria” contra los agentes del CTI y los tres años para los policías, a quienes acusó por supuesto espionaje. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación recordaron que los únicos que administran justicia son los jueces.
“El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado social de derecho”, expresaron las autoridades judiciales en un comunicado conjunto, en el que señalaron que el secuestro “solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas” y sus familias.
Alba Murcia, madre del subintendente Frankie Hoyos, se pronunció en La FM para solicitarle al Gobierno medidas para liberar a su hijo. En octubre de 2025, cuando el ELN amenazó con enjuiciar a los agentes, el grupo armado publicó una prueba de supervivencia. Murcia relató que el 28 de abril recibió otra.
Las familias de los secuestrados piden respuestas y las cortes exigen liberación
Hoyos, contó su mamá, le pidió ayuda al Gobierno nacional para “que por favor lo sacara de allá” junto a los demás funcionarios. El Ejecutivo “hasta ahora no se ha pronunciado” sobre el llamado de auxilio, añadió Murcia. La víspera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el ELN “no representa justicia”.
La Corte Suprema y la Fiscalía exigieron que Jesús Pacheco, Rodrigo López, Frankie Hoyos y Yordin Pérez sean “liberados sin condicionamiento alguno”, lo que sería, en el mejor de los casos, una “muestra de voluntad de paz” de parte de la agrupación ilícita. El procurador general, Gregorio Eljach, también se expresó.
El Ministerio Público subrayó que “el secuestro no es justicia, es un delito”, un ataque al país “y un ultraje a la dignidad”. La Procuraduría desconoció “el poder de juzgamiento a civiles” por parte de los armados, a los que tachó de “criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz”.
La Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno a atender directamente a las familias de los secuestrados y “fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación”. “Las familias se han sentido solas”, zanjó la defensora Iris Marín. La Procuraduría instó al Ejecutivo a “tomar las acciones pertinentes para buscar la libertad”.
El 8 de mayo de 2025 el ELN secuestró a los investigadores Jesús Pacheco y Rodrigo López en Fortul, un municipio araucano ganadero y agricultor de poco más de veinte mil habitantes. El 20 de julio, el Día de la Independencia, interceptó al subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Yordin Pérez Pérez en la vía entre Tame y Arauca.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el Gobierno rechazó un canje humanitario con el ELN?
El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, descartó de plano cualquier “canje” o “intercambio humanitario” que implique entregar guerrilleros presos a cambio de los cuatro funcionarios secuestrados en Arauca. El Gobierno sostiene que no pondrá al Estado en una relación de “simetría” con el ELN, especialmente después de hechos recientes como la masacre de seis personas en Ábrego, Norte de Santander.
¿Quiénes son los funcionarios que el ELN mantiene secuestrados?
Los retenidos son los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, además del subintendente Frankie Esley Hoyos y el patrullero Yordin Fabián Pérez, ambos de la Dijín. El ELN los secuestró en Arauca en 2025 y ahora asegura haberlos sometido a un “juicio revolucionario” en el que los acusó de espionaje y les impuso condenas ilegales de entre tres y cinco años.
¿Qué han dicho las cortes y las familias sobre el secuestro de los agentes?
La Corte Suprema y la Fiscalía recordaron que únicamente los jueces colombianos pueden administrar justicia, y exigieron la liberación inmediata de los funcionarios “sin condicionamiento alguno”. Las familias, por su parte, aseguran sentirse abandonadas por el Gobierno. La madre del subintendente Frankie Hoyos reveló que su hijo pidió ayuda urgente para recuperar la libertad y denunció que el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el llamado.
¿Qué consecuencias políticas y judiciales deja el “juicio revolucionario” del ELN?
El supuesto “juicio” contra los agentes y policías provocó una reacción conjunta de la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que rechazaron que un grupo armado pretenda ejercer funciones judiciales. Las autoridades insistieron en que el secuestro es un delito y no un acto de justicia, mientras el Gobierno endureció su postura frente al ELN y descartó cualquier fórmula de intercambio para conseguir la liberación de los funcionarios.
