Banda usaba a mujeres para seducir, secuestrar y extorsionar vendedores

Una de las víctimas debía darles 30 millones de pesos a cambio de su liberación.
Secuestro - foto referencial.
Foto de referencia. Crédito: Suministrada

Después de dos años, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Sureños’, dedicada al secuestro y extorsión a comerciantes de finca raíz en el departamento de Cundinamarca.

Entre los procesados están dos mujeres que al parecer eran las encargadas de contactar a los propietarios de los inmuebles en venta para citarlos en Chapinero, Venecia o en el barrio La Alquería, donde tomaban licor con ellos para luego seducirlos y llevarlos a los moteles del sector.

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De acuerdo con la investigación que adelanta una fiscalía especializada Gaula, el 11 de diciembre de 2017 un ciudadano en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca) fue contactado vía telefónica por una de las mujeres, quien le dijo que estaba interesada en un inmueble que había puesto en venta.

Se conoció que en repetidas ocasiones la víctima fue citada para concretar una negociación, pero fue semanas después que acordaron encontrarse en una cafetería del barrio Venecia, sur de Bogotá, a donde hicieron presencia las dos mujeres.

La víctima señaló que se presentó un ambiente de coqueteo por parte de las supuestas estafadoras, una joven y otra mayor. La primera, es con quien acordó ir a un motel cercano de este sector.

Agregó que fue así como mientras estaban en la habitación, se escuchó un escándalo y una mujer golpeó fuertemente la puerta donde se encontraban. Enseguida, esta indica que es la tía de la joven, que se trata de una menor de edad que está siendo abusada.

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“Llegan unos hombres vestidos con brazaletes y le muestran unas esposas de la Policía Nacional, advirtiendo que a partir de ese momento quedaba privado de la libertad, después lo sacan del lugar y lo suben a un taxi parqueado a 10 metros de la entrada del motel”, indica el informe judicial.

También señala la investigación que, durante el recorrido, rumbo a un CAI de la Policía, uno de los supuestos uniformados a quien los otros le llamaban ‘Sargento’, le hace saber a la víctima que debía negociar de una vez, y que debía pagar la suma de $30.000.000 de pesos para poder recuperar su libertad.

“Le daba instrucciones al comerciante para llamar a su jefe y que este le consignara el dinero en una cuenta bancaria. Para no generar sospechas debía consignarlo en la cuenta de la víctima, con pretexto de haber sufrido un grave accidente, y que con el dinero podía salir del problema. Estuvieron en varios centros comerciales del occidente de la capital, pero los establecimientos bancarios estaban cerrados”, advirtió el fiscal durante la imputación.

Manifestó que, al ver la imposibilidad de obtener el dinero por ventanilla, el plagiado les manifestó que su jefe se desplazaría personalmente para entregarles el dinero, por lo que lo esperaron frente a una estación de gasolina fuera del municipio de Soacha (Cundinamarca).

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A ese lugar, siendo aproximadamente las 9:30 de la noche hizo presencia la Policía Nacional de Cundinamarca, logrando su rescate, así como la captura de tres (3) de los secuestradores, dado que el cuarto sospechoso al que llamaban ‘Sargento’ logró fugarse.

En ese momento se logró la captura de Carlos Edwin Suaza Aristizábal, John Fredy Gómez Bernal y Harold Leonardo Hernández Mahecha.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, a quienes se les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado, por el cual su proceso está en etapa de juicio.

A través de álbumes de reconocimiento fotográfico, interrogatorios de los procesados, interceptaciones telefónicas y búsquedas selectivas en bases de datos, se lograron las capturas de los hoy judicializados el pasado 24 de julio y la aprehensión de una mujer que para la época era menor de edad.

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Por estos hechos, el ente acusador les imputó los delitos secuestro extorsivo, concierto para delinquir en circunstancias de agravación punitiva y uso de menores de edad para la comisión de delitos a Nelson Bernal, supuesto jefe de la banda; y a su esposa Johana Marcela Toledo Núñez, a quienes se les impuso medida de aseguramiento intramuros en la Cárcel Nacional Modelo y el Buen Pastor, respectivamente.

De otro lado, a Fernando Babativa Mancera y José Ramon Nieto Moreno el juez les concedió la libertad, pero seguirán vinculados al proceso, como presuntos cómplices del delito de secuestro extorsivo agravado que les endilgó la Fiscalía.

Finalmente, la última detenida quedó a disposición de un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, para su judicialización por el sistema que le aplica.


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