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La Corte Suprema de Justicia informó sobre la citación al concejal de Medellín, Andrés Tobón Villada, para declarar en medio de la investigación que se adelanta contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López por su participación en el traslado de varios cabecillas recluidos en la cárcel de Itagüí al evento conocido como el 'Tarimazo'.
La citación está programada para el próximo 24 de noviembre y surge a raíz de la denuncia presentada por el concejal ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,donde indica que la senadora Zuleta habría incurrido en abuso de la función pública, al solicitar directamente el traslado de once personas privadas de la libertad sin tener competencia legal para ello, contrariando lo dispuesto en la Ley 65 de 1993.
El concejal indicó que, lo ocurrido el 21 de junio no fue un error administrativo sino una violación deliberada al orden jurídico: “No existe norma alguna que justifique el traslado de condenados a un acto político. Fue una decisión ilegal, peligrosa y profundamente antidemocrática”.
Para Tobón Villada, el caso del 'Tarimazo' debe marcar un precedente en la defensa de la legalidad y la dignidad institucional.
Tobón Villada aseguró que este delito, según el Código Penal, puede llevar penas de en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses. Asimismo, Tobón Villada denunció penalmente a los funcionarios del Inpec, Rolando Ramírez Sanabria y Luz Adriana Cubillos Soto, por prevaricato por acción, al firmar resoluciones que permitieron las salidas ilegales de los reclusos.
Hay que recordar que, este evento se realizó el pasado 21 de junio en la Plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra bajo el nombre 'Pacto por la Paz Urbana', y contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y la participación de jefes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, recluidos en la cárcel la Paz de Itagüí y quienes presuntamente fueron trasladados al sector de la Alpujarra sin autorización judicial ni sustento normativo.
De acuerdo con el concejal, esta citación representa un avance judicial en una denuncia que pone en evidencia cómo el poder estatal habría sido utilizado para dar visibilidad política a cabecillas criminales condenados.
