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Un informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), reveló los riesgos, amenazas e inseguridades en contra de líderes y defensores sociales.
Según la entidad, en el 2023 fueron asesinados 181 personas que defienden los Derechos Humanos, en total 160 eran hombres y 21 mujeres.
Sin embargo, al comparar las cifras, hubo una disminución del 16% de los homicidios, en relación con el 2022.
El defensor del Pueblo calificó lo sucedido como una tragedia para el país, razón por la que solicitó que las entidades encargadas, mandatarios locales, Policía, Fuerzas Militares, entre otros, trabajen conjuntamente en la protección de los defensores de derechos.
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"Es una situación inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país”, dijo el defensor, Carlos Camargo.
Por otra parte, los sectores sociales más afectados con 37 homicidios fueron los de las poblaciones indígenas, seguido de los comunitarios, con 36, campesinos, afrodescendientes, población LGBTIQ+ y los activistas de Derechos Humanos.
Del mimo mod, los meses en los cuales se reportaron más hechos en contra de la vida fue abril con 19 crímenes, junio y julio registrando 18 cada uno y diciembre y marzo con 17 casos.
“Es evidente que debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger a los defensores de derechos humanos en Colombia. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos”, es el llamado del Defensor del Pueblo.
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Cabe mencionar que, entre el 2016 y el 2023, la Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de 1.294 líderes fueron asesinados en el país.
Por lo que Camargo hizo un llamado colectivo a las entidades del orden nacional, a los nuevos mandatarios municipales y departamentales, a las fuerzas de seguridad del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los ciudadanos para velar por la protección de todos.
