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La Red de Veedurías Ciudadanas anunció acciones penales y fiscales contra los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que llevan más ocho años en su cargo y deben dejar el puesto después de una decisión de la Corte Constitucional.
El presidente de la Red de Veedurías Pablo Bustos, señaló que se deben iniciar investigaciones fiscales por un posible detrimento patrimonial por el sueldo que siguieron recibiendo después de haber cumplido su periodo en el cargo de magistrados.
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“La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes debe iniciar investigación penal y el juicio de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial que habrían causado los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura en su sala disciplinaria derivados de su permanencia ilegal e inconstitucional en el cargo al tenor de lo expresado por la Corte Constitucional”, dijo.
Los magistrados que llevan más de ocho años en el puesto son Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón quienes iniciaron sus labores en la Sala Disciplinaria en el 2008 y su periodo terminó en el 2016.
La interinidad de estos magistrados se habría desprendido de los vacíos en la reglamentación de la Comisión de Disciplina Judicial, que es un órgano que se creó en el 2015 para reemplazar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
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El efecto de la decisión que tomó la Corte Constitucional al fallar una tutela a favor del Consejo Superior, es que esos magistrados deben dejar el cargo.
La Corte Constitucional estableció que al impedir la conformación de ternas a pesar de que falte una ley estatutaria deriva en un, "bloqueo institucional e inconstitucional a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
En enero el Consejo de Estado hizo un llamado al Gobierno para que presente siete ternas al Congreso de la República, con el fin de elegir a los magistrados que deben integrar la Comisión.
