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La declaración de un agente infiltrado de la DEA fue una de las pruebas clave que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia para aprobar la extracción hacía Estados Unidos de Álvaro Córdoba, el hermano de la congresista Piedad Córdoba, quien es requerido en ese país por delitos relacionados al narcotráfico.
La decisión de la Corte tiene apartes de la acusación estadounidense y de la declaración del agente que habla sobre el supuesto apoyo de las Farc en el envío de varios kilos de cocaína hacía Estados Unidos y la participación de dos personas a quienes no se les revela su nombre, sino son identificados como CS-1 y CS-2.
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“El CS-1 entendió que los hombres armados del campamento de las Farc y otros recursos de las Farc se usarían para proporcionar seguridad armada para las cargas de cocaína que las Farc les suministrarían a CS-1 y CS-2 (…) CÓRDOBA RUIZ, PALACIO MENA y CS-1 planificaron tener más conversaciones sobre su acuerdo de participar en la transacción de drogas que consistía en varios cientos de kilogramos de cocaína destinados por último a los Estados Unidos, que se obtendrían de las Farc”, se lee en el documento.
También se habla de la supuesta seguridad que proporcionaría la guerrilla a la persona que iba a realizar los envíos de cocaína al extranjero.
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“Durante la reunión del 17 de diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha, como respuesta a una pregunta de CS-1 sobre seguridad, CÓRDOBA RUIZ declaró que, en el campamento de las Farc, donde se encontraba el comandante de las Farc, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes, incluso con armas para derribar objetos (una referencia aparente a misiles tierra-aire). CÓRDOBA RUIZ explicó que el campamento de las Farc estaba en Popayán, Colombia, y se ofreció para hacer arreglos para que CS-1 y CS-2 viajaran allí para reunirse con el comandante para hablar de la cantidad, los precios y la logística (…) CS-1 entendió que los hombres armados del campamento de las Farc y otros recursos de las Farc se usarían para proporcionar seguridad armada para las cargas de cocaína que las Farc les suministrarían a CS-1 y CS-2”, se lee en la declaración.
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Córdoba por el delito de narcotráfico, pero negó el envío por delitos relacionados con tráficos de armados, porque al parecer ocurrieron en territorio colombiano.
En ese punto, la Corte compulso copias a la Fiscalía para que inicie las investigaciones pertinentes.
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