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La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma a la Justicia presentado por el Gobierno Nacional.
Por falta de consenso, los congresistas hundieron la propuesta de crear un Tribunal de Aforados para la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.
La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explicó que “no fue aprobado, pero esperamos que se reviva el tema del juzgamiento de los aforados en el segundo debate. Se negó la proposición que traía la senadora Paloma Valencia y espero que se reviva la propuesta del Gobierno para el debate en plenaria”.
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Los senadores no pudieron ponerse de acuerdo en la manera como debe quedar compuesto dicho tribunal y por eso decidieron hundir temporalmente este artículo.
El senador ponente, Armando Benedetti, dijo que “con el tribunal de aforados se implementó una estrategia para votarlo negativo y así pueda quedar vivo para el siguiente debate, porque era muy difícil por el poco tiempo ponernos de acuerdo todos sobre las funciones de ese tribunal, sobre quienes lo conforman y como se elegirían”.
La senadora Paloma Valencia insistirá en su propuesta de inicial de quitarle la facultad a la Corte Suprema de Justicia de procesar congresistas y dejarle la tarea al tribunal de aforados de juzgar a todos.
“Que juzgue a magistrados, senadores, contralor, procurador, fiscal, los miembros de la Comisión de Disciplina Judicial, estamos hablando de todos los aforados y que habría que revisar que queden suficientes casos para que los seis magistrados del tribunal de aforados tengan funciones que cumplir”, manifestó.
También se decidió eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, para darle cabida a un organismo nuevo de administración de la rama.
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La reforma a la Justicia también aprobó medidas de descongestión como la unificación de las sentencias (el precedente judicial) y la dotación de funciones judiciales a notarios, centros de conciliación y de arbitraje para definir procesos pequeños.
El senador Germán Varón Cotrino aseguró que esto abre la posibilidad a que “una persona no tenga que acceder a un abogado para que le resuelvan temas que constan en el precedente judicial, de poder tener funciones que desarrollan actividades administrativas y no necesariamente el juez, tendrá la posibilidad de acudir a un juzgado que no esté congestionado y que le resuelvan sus temas con rapidez”.
La reforma también recibió fuertes críticas de algunos sectores que advierten que el proyecto no da solución a los verdaderos problemas de la rama judicial.
El senador Rodrigo Lara aseguró que esta es una reforma peligrosa para la institucionalidad y hecha a las carreras.
“Este no es un proyecto para la Justicia, es un proyecto para someter a la Justicia, para amordazarla, para sustituir a la Corte Suprema de Justicia por una especie de tribunal o corte, designada en gran parte por el presidente de la República, que terminará arrodillando a la Justicia, su independencia y su libertad”, manifestó.
El senador Gustavo Petro insistió en que este acto legislativo se hizo para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y por eso no apoyó la aprobación del mismo.
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