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Ante la Procuraduría, Luis Fernando Duque, entonces representante legal de Centros Poblados, negó rotundamente haber firmado los documentos con los cuales se cometió el fraude para lograr el billonario contrato con el Ministerio de las Tecnologías para llevar internet a varios colegios del país.
“Aunque a mí me imputan la falsedad no creo que hayan encontrado evidencia alguna de que los trazos en esas firmas coincidan con los trazos que yo puedo realizar (…) no estuve en la participación de la firma que fue involucrada allí y que resultó ser tachada de falsa, es difícil conseguir una prueba de algo que no hice”, dijo.
Por su parte, el abogado Jorge Pino Ricci, quien hoy es abogado de la Unión Temporal, dijo que el empresario Emilio Tapia fue quien buscó al empresario de seguros Juan José Laverde para obtener las garantías bancarias para la adjudicación del contrato.
“Tapia dijo que contactó a Juan José Laverde para que hiciera la gestión, para obtener las garantías para la presentación de la oferta, sino también para la legalización del contrato como requisito de ejecución”, dijo el abogado.
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Pino Ricci dijo que después de que se destapara el escándalo, se supo que Tapia “era un socio oculto” que hacía parte “de un grupo de empresarios que colaboraron para estructurar la presentación de la oferta (…) y que reconoció ante las autoridades que era el dueño de varias de las empresas que hicieron parte de la unión temporal y que tuvo la oportunidad de explicar cómo había sido el trámite de la garantía única de cumplimiento”.
El abogado también recordó la declaración de Laverde. “Juan José Laverde informa en su declaración (…) que iba a ser una gestión ante un señor que se llama Jorge Molina y que él le comunico esta opción de obtener la garantía a través de Jorge Molina”.
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Laverde llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal y podría pagar cuatro años de prisión por el caso.
Según la acusación en su contra, él habría participado en la falsificación de una garantía bancaria que llevó a que el Ministerio adjudicara el contrato y desembolsara los 70.000 millones de pesos que al parecer fueron utilizados para el objetivo del contrato.
Por ese caso, la Procuraduría investiga a varios funcionarios del Ministerio, luego de una denuncia que interpuso la entonces ministra Karen Abudinen.
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