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La Procuraduría está atenta a estudiar las respuestas que le fueron entregadas de parte de las autoridades Nacional con respecto a las medidas para garantizar la seguridad de los firmantes de paz que se vieron obligados a desplazarse de Miravalle (Caquetá), por amenazas de grupos armados.
Hace varios días, el organismo solicitó al Gobierno Nacional que informe sobre las acciones para dar garantías a la seguridad de los excombatientes, pues la delegada para el cumplimiento del Acuerdo de Paz resaltó la importancia de implementar el Plan Estratégico de Seguridad en esa zona.
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"La delegada para el seguimiento al acuerdo de paz en su función preventiva y de control de gestión ha exhortado al gobierno nacional para que exija a los delegados de los diálogos de paz asentados en el Caquetáel respeto por la vida e integridad de los firmantes del acuerdo de paz allí asentados en el ETCR de Miravalle", afirmó Gloria Cuartas.
La procuradora general, Margarita Cabello, ha insistido en varias ocasiones que la situación de violencia en esa zona del país, no solamente afecta la seguridad de la población, sino que también pone en riesgo el avance de los proyectos productivos que avanzan como parte del proceso de reincorporación.
"Afectan no solo la vida, integridad y libertad de esa población, sino también su reincorporación social y económica, pues impactan la continuidad de los proyectos productivos que lideran, que son casos de éxito para lograr la reconstrucción del tejido social", afirmó la procuradora.
En su momento, la JEP rechazó el desplazamiento forzado de varios firmantes del Acuerdo de Paz que se ubicaban en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán y quienes, por amenazas en su contra, se vieron obligados a abandonar el territorio.
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El tribunal afirmó que los excombatientes se vieron forzados a desplazarse de esa zona, lo que afectaría el proceso de reincorporación a la vida civil, el cual iniciaron tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016.
