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Margarita Cabello, procuradora General de la Nación, afirmó que respetan y acatan las decisiones de los magistrados del Consejo de Estado.
Lo anterior, al referirse a la tutela que admitió el tribunal, la cual ordenó la suspensión provisional de nueve sentencias dictadas por la Sección Segunda de esta corporación, relacionadas con igual número de procesos en los que el Ministerio Público, anuló los nombramientos de funcionarios elegidos por sufragio popular, pero que, en su efecto, la sección segunda tumbó dichas sanciones.
"Esa suspensión nos da aliento para la tesis que maneja la Procuraduría General de la Nación, sustentada en que debemos acatar al órgano de cierre, que es la Corte Constitucional y la Corte estudió la sentencia Americana de los Derechos Humanos y consideró que la Procuraduría General de la Nación estaba facultada para imponer sanciones a electos popularmente", explicó.
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Cabello expresó que es una medida provisional. En este sentido, espera unificar criterios para darle tranquilidad y seguridad al país, para que haya claridad total sobre las funciones y competencias de la entidad.
"Esto nos ayuda con la tesis de legitimar a la Procuraduría General de la Nación", precisó Cabello. En el recurso presentado, la Procuraduría estaba solicitando “la suspensión de la ejecución de los fallos proferidos en el trámite de los procesos relacionados, por cuanto el mismo es abiertamente contrario a la Constitución y a los precedentes de la Corte Constitucional, por lo que mantener los efectos de este en el ordenamiento jurídico genera graves lesiones al orden constitucional”.
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Los procesos mencionados están relacionados con las suspensiones que en su momento la Procuraduría profirió en contra de Germán Orozco Barrera, Oromairo Avella Ballesteros y José Reinaldo Pérez Piragauta, concejales de Yopal; Juan Carlos Giraldo Romero, exalcalde de Calarcá (Quindío); Juan David Benjumea, exalcalde de Hispania (Antioquia); Carlos Arturo Triana Vega, exalcalde de Tibasosa (Boyacá), entre otros exfuncionarios.
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