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Al considerar que el argumento de la Procuraduría para declarar inhabilitada a la exsenadora Piedad Córdoba se basó en meras conjeturas, el Consejo de Estado decidió tumbar la inhabilidad que el Ministerio Público le había impuesto por 14 años, por aparentemente haber financiado la campaña del entonces representante a la Cámara, Ricardo Antonio Montenegro con 25 millones de pesos sin el aval de su partido.
El magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, señaló que después de estudiar el caso se estableció que no hubo pruebas contundentes que demostraran una violación a la ley disciplinaria.
“La sala concluyó que la investigación de la Procuraduría se basó en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del código disciplinario”. Rojas también manifestó que Córdoba no solicitó una reparación económica frente a esta decisión y que solo pidió el control de legalidad directo.
Por su parte, la magistrada ponente, Sandra Ibarra, indicó que la Procuraduría utilizó un fundamento basado en que, dentro de los papeles hallados al representante a la Cámara Ricardo Montenegro, había uno en particular donde estaba apuntado el nombre de la senadora Córdoba. Debido a lo anterior, la Procuraduría contactó a la contadora del Partido Liberal y ella, sin documento alguno para demostrar su versión, dijo que Córdoba sí había donado los 25 millones a la campaña de Montenegro.
Sin embargo, en el análisis de la prueba hecha por el Consejo de Estado se determinó que tal donación no tuvo pruebas fehacientes para comprobar lo dicho por la contadora. En ese sentido, dijo el alto tribunal que en este aporte de pruebas solo hubo indicios por parte del órgano de control.
“Se llama conjetura porque cuando hay unos elementos en una investigación que no aporta pruebas para sustentar las acusaciones, se desestima la sanción, ya que de determinar lo contrario, se estaría jugando con la vida de las personas, con sus derechos y demás”, señaló la magistrada Ibarra.
La exsenadora podrá volver a ocupar nuevamente cargos públicos, ya que a partir de notificada la sentencia, Córdoba recobra todos sus derechos.
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