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La excongresista Piedad Córdoba aseguró a LA FM que es muy grave que se repita la historia tras establecerse que fue víctima de nuevas interceptaciones telefónicas, en esta ocasión durante este mismo año, por lo que pidió a la Fiscalía que se investiguen a fondo los hechos.
"Yo pienso que hay un plan de extermino y aplastamiento de todas aquellas personas que de alguna manera pensamos totalmente distinto, y que le hemos dicho al país muchas de las cosas que hoy están saliendo a denunciar en el paro", dijo Córdoba.
La exsenadora señaló que le dará poder a su abogada para que adelante las acciones a que haya lugar ante la Fiscalía General de la Nación, para establecer quien está detrás de estos graves hechos.
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"Yo voy a darle poder a mi abogada Maria Jimena Castilla, para que se encargue de todo este proceso y llegue hasta las últimas consecuencias, porque yo creo que interceptaciones, hay muchas más", enfatizó la excongresista.
Estas chuzadas fueron detectadas luego de que el fiscal destacado ante el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) solicitó la colaboración de varios exfacilitadores de paz, senadores y exsenadores para verificar si fueron víctimas de interceptaciones ilegales.
Tras realizar la respectiva verificación técnica, la Fiscalía recibió el informe por parte de los peritos de la Policía Judicial, que determinó que no existió ningún tipo de seguimiento a los abonados telefónicos del senador Iván Cepeda, el exnegociador Humberto de la Calle, la abogada Consuelo Parra y Diego Martínez.
No obstante, el fiscal General encargado, Fabio Espitia, precisó que los agentes de Policía solamente encontraron una interceptación a la exsenadora Piedad Córdoba en 2019 y Alvaro Leyva Durán en 2013, de las cuales ya se solicitó la respectiva verificación del proceso.
En torno a estos hechos, el fiscal indicó que se busca establecer si las interceptaciones de Piedad Córdoba y Álvaro Leyva fueron adelantadas de manera legal o si, como lo han señalado dos exfuncionarios de la Fiscalía, se realizaron incumpliendo los protocolos establecidos.
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Igualmente, el ente de control solicitó el número del abonado telefónico del asesor jurídico de las Farc durante las negociaciones, Enrique Santiago, para recolectar información y se está a la espera de obtener una respuesta.
“Puedo afirmar hoy que solo aparece una interceptación al doctor Álvaro Leiva en el 2013 y voy a revisar la legalidad de esa interceptación. También una interceptación que se presentó en el año 2019 durante unos días a uno delos teléfonos de la doctora Piedad Córdoba, también revisaré la legalidad de esa interceptación. El único que no nos ha respondido es el señor Enrique Santiago”, manifestó.
“Primero hemos hecho una auditoria que nunca se había hecho a toda la temática, tanto del Sistema Esperanza como a lo que ha sucedido con las dos últimas noticias. Hemos solicitado por ejemplo la colaboración de algunas de las personas que parecen en las publicaciones. hemos solicitado la comunicación al senador Iván Cepeda”, explicó el Fiscal General encargado.
La investigación que se adelanta busca establecer si se presentó alguna falencia cuando se ordenó interceptar estas líneas telefónicas.
En relación con estos hechos, los fiscales Daniel Ricardo Hernández Martínez y Álvaro Enrique Betancur Martínez le solicitaron formalmente al fiscal General (e) Fabio Espitia, que iniciará una investigación para establecer si en efecto se han presentado irregularidades en las indagaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales y actividades de espionaje contra los negociadores del Gobierno en el proceso de paz en La Habana (Cuba).
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