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En medio del estudio constitucional que esta adelantando la Corte Constitucional sobre el decreto 546 sobre excarcelación de internos en medio de la pandemia por la COVID-19, recibió un concepto de la organización Dejusticia que pide ampliar la medida.
Dejusticia advierte que la vigencia de aplicación del decreto de seis meses no es suficiente dado a que no se conoce “cuánto durará la amenaza que la pandemia representa para la población reclusa”.
La organización señala que, si bien el decreto se creó como una medida de ‘alivio’ en medio de la pandemia, es insuficiente frente al número de personas privadas de la libertad que se suma a los problemas de hacinamiento en los centros penitenciarios.
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Además advierte que el Decreto sería desproporcional a la medida que se quiere buscar, ya que excluye a las personas con alta vulnerabilidad de contagio que cometieron algún delito que no se encuentra en la norma.
“El 14,6% de la población carcelaria se encuentra privada de la libertad por el delito de hurto, y el 12,8% por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Así esta restricción no sólo resulta desproporcionada, sino que limita la efectividad del Decreto”, señala.
La Procuraduría también ha dicho que se debe evaluar el decreto, ya que no tiene perspectiva de salud pública sino criminal frente a la crisis derivada por la pandemia.
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A través de un concepto que envió el Ministerio de Justicia, el Gobierno reconoció que el decreto “no reducirá significativamente” el hacinamiento carcelario.
Incluso advierte que “el actual confinamiento convierte a los establecimientos de reclusión en zonas de alto riesgo de transmisión y pone en riesgo el estado de salud de las personas que interactúan en dicho entorno”.
Sin embargo, el Ministerio asegura que el decreto se creó conforme las medidas e indicaciones de la Organización Mundial de la Salud.
