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En una reciente entrevista con La FM de RCN, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, ofreció un análisis detallado sobre el caso de Nicolás Petro, cuya próxima audiencia se retomará en febrero de 2025. Según Bernate, a pesar de las especulaciones en torno a un posible acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta posibilidad permanece abierta hasta el inicio del juicio oral. "Las puertas no están cerradas", aseguró, aunque reconoció que las posiciones entre la defensa de Petro y la Fiscalía se encuentran significativamente distantes.
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Bernate explicó que el caso gira principalmente en torno a un análisis contable, donde se busca establecer si los ingresos y gastos del imputado son consistentes con su salario como funcionario público. "Es un debate estrictamente económico", señaló, enfatizando que el núcleo de la discusión es determinar si los ingresos adicionales de Petro tienen un origen lícito. En palabras del jurista: "Un funcionario público no puede recibir ingresos adicionales a su salario, salvo excepciones muy puntuales como la docencia".
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas subrayó las implicaciones personales y sociales de enfrentar un cargo como el de lavado de activos, uno de los delitos imputados a Nicolás Petro. "No solo afecta la posibilidad de obtener visas o cargos públicos, sino que en Colombia puede conllevar al cierre de cuentas bancarias y restricciones financieras que complican enormemente la vida cotidiana", explicó. Bernate añadió que, de no lograrse un acuerdo, el caso podría extenderse durante años, con un juicio que calificó de "aburrido" por la naturaleza técnica de sus pruebas.
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Por otra parte, Bernate también resaltó la necesidad de que la justicia colombiana avance hacia la implementación de audiencias virtuales como herramienta para agilizar los procesos judiciales. En este sentido, señaló que está trabajando en un informe que presentará en los próximos días sobre el impacto del freno a estas audiencias y expresó su convicción de que, en el futuro, este sistema será adoptado de manera generalizada.
El análisis de Bernate pone de manifiesto tanto las complejidades técnicas del caso Nicolás Petro como los desafíos estructurales del sistema judicial colombiano. Con audiencias programadas para febrero, el proceso continuará siendo objeto de atención mediática y jurídica, mientras se evalúa el desarrollo de las pruebas y argumentos de cada parte.
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